Temas económicos

Jugando en corto: Solbes se comió a Pizarro

El titular de este comentario es, obviamente, figurado. Es, además, impropio de la seriedad de este cuaderno. Es excesivo. Pero recoge, lamentablemente para algunos, la sensación que desprendió el debate sobre temas económicos que ayer, día 21 de febrero de 2008, mantuvieron en Antena 3 el actual vicepresidente de Gobierno, Pedro Solbes y el candidato in pectore virtual (afiliados al PP dixint) para ese puesto, si ganase Rajoy la presidencia, Manuel Pizarro.

No resultaría sorprendente que un político avezado en los debates, con una sólida formación económica, y con una estabilidad emocional que constituye, incluso por encima de su bagaje intelectual, uno de sus atractivos, estuviera algunos centímetros por encima de la media. Solbes tiene mucho conocimiento del mundo de la economía, y, en su discurso dialéctico, hay una línea conductora que se deja compartir: el mercado está bien, pero hay que ponerle correctores para que no cree deformidades.

Pizarro no nació ayer, en esto de mantener el tipo. Se preparó para el debate, sin duda, y quería quedar bien. Le falló, en primer lugar, la credibilidad: parecía que los datos y cifras que manejaba las había sacado de un anuario o se las habían transmitido en píldoras digeribles el mismo día por la mañana. Dió la impresión de estar empachado de cifras, de repetirlas sin convicción. Curiosamente, en una persona que está acostumbrada a mandar, adoptó un tono sumiso, intelectualmente hablando, respecto al ministro.

Pero el mayor error de Pizarro fue no comprender que, en un debate que debería tener lugar sin crispación, y en el que debería haber aportado nuevas ideas, además de las críticas a lo hecho por el gobierno del PSOE, y, especialmente, por su ideólogo económico, a él, como candidato, le correspondía dar alternativas, soluciones a los fallos que se esforzaba en detectar en la actual política económica.

El momento cumbre, para el perdedor, fue cuando Solbes le indicó que estaba preocupado por las rebajas fiscales y la simplificación de los tipos impositivos que preconizaba el PP en su programa, y que podría suponer una disminución de ingresos al Estado de 30.000 millones de euros (el 40% de los gastos de la Administración central), y se preguntaba cómo iban a cubrir ese déficit.

Pizarro aventuró cuatro propuestas. Cuatro propuestas ridículas, agresivas, zafias. Eliminar el ministerio de Vivienda, dejar de financiar a los terroristas, reducir el despilfarro de la oficina de Presidencia y recuperar el dinero de la reforma de la vivienda con goteras del ministro Bermejo. Solbes se concentró en la primera -"creí que veníamos a hablar de economía y no a hacer demagogia"- , y, con buen tino polémico, le espetó que, seguramente, lo que quería decir el candidato era que pensaba reducir la política de viviendas protegidas. Fin.

Aunque los correligionarios y devotos de Pizarro tratarán de disminuir el tamaño de su derrota, lo que nos preguntamos algunos, desde nuestra independencia ideológica, es qué necesidad tenía Pizarro de meterse en un corral para el que claramente no está preparado, ni dialéctica ni profesionalmente. Los políticos profesionales están acostumbrados a disimular lo que no saben, contando milongas. Pizarro no es un profesional de la política y, aunque podría -no le cuestiono capacidad- llegar a serlo, le traiciona hoy su sinceridad emocional: no sabe bastante, no se cree el programa, su crispación es teatral y falta de gancho mediático.

A sotavento: Es la estupidez, economistas

Hace años, mientras departía con otros colegas del sector económico sobre el incremento en la responsabilidad empresarial que venían consiguiendo los licenciados en económicas (los más viejos del lugar recordarán que todos los egresados de las Facultades de Economía eran entonces simplemente economistas), se me ocurrió una idea perversa, que me apresuré a atribuir a un pensador norteamericano inexistente: ¿Garthery? ¿Cholansky?:

"Cuando las empresas empiezan y se necesitan empuje e ideas, se debe encomendar la dirección a los ingenieros; cuando van bien y hasta que empiecen a ir algo peor, es preferible contratar economistas; y cuando van mal, y hay que hacer reducción de empleo y hasta pensar en la liquidación, los idóneos son los abogados. Así que solo hará falta fijarse en quién dirige los destinos de una entidad para saber en qué momento de su vida se encuentra."

No quiero presumir de perspicaz, pero me parece que la reflexión podría también ser aplicable a los gobiernos. La proliferación de altos cargos en la política que provienen de las Facultades de derecho y economía es hoy evidente. Incluso los puestos eminentemente técnicos -digamos, los ministerios o secretarías de Obras Públicas, Minería, Puertos, etc.- son ocupados por abogados excedentes o bancarios de permiso. No estoy, con ello, criticando sus cualificaciones, sino ayudando a detectar el momento en el que se encuentra el ente al que son llamados, la tipología de los problemas principales con los que se verán confrontados durante su gestión, y el grado de naturaleza "defensiva/ofensiva" que deberán aplicar.

Con estos síntomas, y si no existieran otros baremos, se comprende la generalizada sospecha de que nos encontramos en crisis. Ahora, más que nunca. El modelo económico, con su carácter cíclico, se nos dice, ha culminado su etapa y toca una recesión. Los créditos se restringen. La construcción se ralentiza, con los efectos inducidos de prever sobre el empleo, al tratarse de uno de los motores de arrastre de la economía. Los posibles inversionistas se vuelven más cautos a la hora de asumir riesgos, y se refugian en el calcetín, en los bonos del Estado o en la adquisición de tierras, sin descuidar estar al quite de recoger a bajo precio los cuerpos malheridos de los que vayan cayendo, para reanimarlos en los sótanos del sistema...

¿Qué hacer?. ¿Gestionar la crisis, llevándola a su final, o tratar de introducir lo antes posible nuevas ideas, impulsos y modelos, para implementar el nuevo ciclo?. ¿Dejar la batuta a economistas y abogados o llamar a los ingenieros?.

Permítaseme remedar el eslogan de la campaña que llevó al primer Clinton a la Casa Blanca, dándole un giro adecuado a este comentario: "Llamad a un testaferro. La situación reclama la presencia de alguien con juego de cintura para esquivar las bofetadas que nos merecemos todos. Es la estupidez, economistas."

 

A barlovento: Los empresarios y la política

Se ha anunciado que el Partido Popular ha fichado como segundo de la lista para Madrid, que encabeza el propio Presidente del Partido, Mariano Rajoy, a un peso pesado de la economía española, Manuel Pizarro.

Pizarro fue presidente de Endesa durante un largo período (del 2002 a septiembre del 2007), al final del cual se vió convertido en defensor de la opción de que E.ON se hiciera con el control de la empresa pública, habiéndose antes enfrentado a la OPA de Gas Natural. De refilón, se encontró también enfrente de la alternativa que suponía (y que resultó vencedora) la OPA de Enel y Acciona (gupo Entrecanales).

El desenlace le obligó a presentar su dimisión y esperar a que los nuevos dueños le pusieran de patas en la calle, cobrando efectividad el contrato blindado con el que se había sabido proteger a tiempo (aunque, a decir verdad, y en comparación con otros, su blindaje resultaba modesto... quince millones de euros son una minucia a esos niveles).

Manuel Pizarro es un profesional con un excelente currículum -experiencia en Cajas de Ahorro, en la Bolsa, en la Universidad- y, por ello, hay que felicitar al PP por el fichaje.  

Tema delicado será el de su intervención directa (públicamente) en algunos temas cruciales, si llega el caso. El artículo 7 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración, le obligará, si fuera nombrado Ministro, como parece ser la intención si el PP gana las elecciones de marzo de 2008, a abstenerse en temas sustanciales para la política económica:el Plan energético, en cuanto afecte a las eléctricas, o la regulación del sector de telecomunicaciones, en cuanto implique a Telefónica, de la que es consejero aún.

Ya he comentado en otras ocasiones que de las dos opciones básicas para elegir a un gestor de los asuntos públicos, prefiero que los políticos, en lugar de hacer sus dientes definitivos en la Administración del Estado para luego ofrecerse a la empresa privada, se robustezcan en la privada para, en la madurez profesional, aceptar un cargo público.

Manuel Pizarro es, por tanto, y desde esa perspectiva, una óptima opción para dirigir la política económica del país, y un digno sustituto para Rato, así como un serio contrincante dialéctico y práctico para Solbes, que se va a encontrar enfrente a un oponente muy capaz, con lengua ácida y guante de hierro y buen conocedor de los tejemanejes de las relaciones oscuras entre lo público y lo privado. Conocimiento que suele ser, desgraciadamente, ajeno a quienes se mueven fuera de los círculos de influencia del poder, y que consume valioso tiempo y dineros de todos hasta que lo aprenden los recién llegados a la cosa pública, generalmente desde la Universidad y la teoría plúmbea de los libros.

Los empresarios han alabado el prestigio de Pizarro, pero sin mojarse mucho. Porque al capital le importa un bledo quien gobierne si lo hace sin salirse del tiesto de la ortodoxia. Lo explicó bien Luis del Rivero, presidente de Sacyr-Vallehermoso en una reciente entrevista, en una síntesis que gustan expresar todos los que se mueven por  las alturas de la política económica e industrial: "el mejor ministro de Obras Públicas," (o de lo que cuadre) "es siempre el del partido que gobierna en ese momento".

(Nota bene.- Sacyr son las siglas de "Sociedad Anónima de Caminos y Regadíos", sugerente nombre para una aventura de largo alcance. Y un apunte: Rivero es compañero de carrera de Florentino Pérez, controlador de ACS y Unión Fenosa, y buen amigo (suyo). Cada vez que comen o cenan juntos y la prensa los descubre, llueven las especulaciones. Como si las personas inteligentes e interesadas no tuvieran otra forma de verse que ante un plato de solomillo al punto en un restaurante caro)

A sotavento: Tarifas eléctricas, Decretos autonómicos y mantenimiento de la red

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) tiene el encargo, desde hace un par de años, de proponer la reforma del actual modelo de la tarifa eléctrica, que deberá tender a la eliminación del sistema actual, es decir, a la introducción de una metodología transparente que permita que los costes de las actividades reguladas se financien únicamente con los ingresos que se obtengan de la repercusión al cliente final, y que los costes de generación se repercutan con transparencia a los precios finales.

Una papeleta nada simple, pues, en su momento, se prolongaron los precios regulados para los grandes consumidores industriales hasta 2010, florecen las tarifas subvencionadas para las nuevas energías "alternativas", y se mantienen, por variopintas razones, los viejos esquemas tarifarios. 

La historia es fácil seguir, porque ha ido dejando huellas en el camino. Desde la "moratoria nuclear", y dada la decisión de recompensar las inversiones efectuadas por el sector eléctrico, se ha perdido el respeto a mantener la transparencia a las tarifas, incorporando en ellas complementos que se mantenían, aunque hubieran perdido su sentido original. Con la hipotética liberalización del sector, que anunció el gobierno del ex-Presidente José María Aznar, se establecieron unos “costes de transición a la competencia”, garantizados, y por ello, convertidos en elemento de financiación de las eléctricas.

Otro elemento exótico, -obligado porque a pesar de la liberalización las tarifas fueron constritas a mantenerse por debajo del IPC-, es el “déficit de tarifa”.  Este curioso elemento dió tranquilidad a las empresas para no actuar sobre sus costes de generación y manntener la línea ascendente de beneficios.

Como el que no llora no mama, las compañías eléctricas se han venido quejando en los últimos años de que el tope máximo del IPC para las tarifas las hace insuficientes para cubrir los costes rampantes. Alegan que las materias primas son más caras, el Tratado de Kyoto los cuesta dinero, debido al Plan Nacional de Asignación (PNA) para las emisiones contaminantes.

Pero la falta de transparencia tarifaria también les crea problemas a sus beneficiarios. La interesante perspectiva de armonización del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel), con una potencia instalada de 80.000 MW, no es posible aún debido a la discrepancia de criterios para las tarifas eléctricas en Portugal y en España.

Así las cosas, el objetivo de claridad y uniformidad en el modelo de revisión de las tarifas ha sido sometido a nueva presión, con las medidas previstas por el Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid, (Proyecto de Ley para el Incremento de la Cuantía de las Sanciones en Caso de Incumplimiento del Suministro Eléctrico).

Este Proyecto ya fue aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido al Consejo Económico y Social (CES), y refuerza la Ley comunitaria 2/2007 de Garantía del Suministro, cuyo objetivo teórico ya era presionar a las distribuidoras madrileñas (Iberdrola y Unión Fenosa) para que realizasen más inversiones.

Presión que, en mi opinión, era muy necesaria, pues estas compañías se habían concentrado en robarse los clientes, descuidando la calidad del servicio, -sometido a parones, variaciones de tensión, obras sin aparente justificación ni planificación adecuada- hasta que se restableció una norma no escrita -supongo- de no agresión y alguien ordenó calma en el cotarro.

Se aumenta ahora la cuantía de las multas hasta 30 Mill de euros si no se reinstaura el servicio en períodos de tiempo aún más cortos (de 4 a 6 horas) o no se cumplen ciertas condiciones de inversión y mantenimiento (p.ej., una reserva de capacidad del 30% en las subestaciones).  

Desde luego, el efecto Barcelona pesa en el ambiente, y no solo porque las barbas catalanas hayan sido peladas, sino porque también lo fueron las propias madrileñas durante 2006, y no tiene el mismo efecto en los media que se quede a oscuras un pueblo de León o Jaén que una de las ciudades-símbolo de la modernidad de España.

Ignoro si las consecuencias por efecto colisión han sido analizadas en el aspecto que comento a continuación, y si el CES centrará su atención en un punto delicado: la incidencia en la solidaridad interregional. 

La tarifa eléctrica repercutida en España es única para todo el territorio nacional, a pesar de que la electricidad no es un producto homogéneo, y a que los costes el transporte y la distribución jueguen un papel importante, desde el origen de generación. Pero los precios al consumidor son aquí independientes del nivel de calidad del servicio o el estado de las redes y de la procedencia de la energía consumida.

Esta situación se debe a medidas de solidaridad y política económica general, que comparto. Como también comparto que los precios del agua (otra de las "utilities") sean diferentes para cada abastecimiento concreto, dadas las muy variadas formas de acceder a este recurso, y su calidad, según las zonas.

Desde luego que las cosas podrían ser de otra manera, pero no son. A grandes rasgos, se podría fijar la remuneración de la distribución en función de la calidad del servicio. Este parámetro está relacionado con el número de instalaciones y usuarios, cuyo número, situación, consumos punta y valle, etc, conforman de forma determinante los costes de la red. Se utilizan por ello, en otros países, modelos de red de referencia, redes ideales teóricas imaginadas como si la construcción no tuviera ninguna  limitación, en relación con la cual se fijan las inversiones necesarias y las medidas de calidad.

Al exigir unos niveles de servicio más altos para la región de Madrid que para el resto de España, la acción del gobierno de Esperanza Aguirre para la Comunidad Autónoma será perjudicial para las restantes autonomías, salvo que, alertadas del riesgo de verse perjudicadas por desplazamiento de recursos al sitio en donde les duele, sigan la misma senda de Madrid y anulen los efectos del agravio comparativo potencial. 

Las empresas eléctricas aumentarán, por supuesto, sus costes de mantenimiento e inversiones en el área en donde se les penaliza más, detrayendo medios de otras Comunidades más permisivas, y que únicamente obliguen a cumplir con la Ley del Gobierno Central en los aspectos relativos al asunto (La vetusta Ley 54/97 del Sector Eléctrico, la que liberalizó el servicio en su Disposición Transitoria decimotercera), o a sus actuales prolijas leyes de Garantía y Calidad del Suministro eléctrico, con tufillo a apacibles cartas a los Reyes Magos, a pesar de la invocación que todas tienen a la autonomía para regular la distribución en los territorios propios.

Quizá tengamos más calidad en Madrid, pues, pero a costa de disminuir el nivel de servicio en otras zonas, y alejarnos más en nuestro desventrado Estado Federaloide del objetivo de una tarifa transparente.

Al socaire: Elogio y perversidad de la hipoteca inversa

La hipoteca inversa es un producto financiero que está empezando a ser conocido en España (importado del mundo anglosajón) que permite hipotecar, a cambio de una renta que se percibiría durante un período negociable, la propiedad inmobiliaria del rentista. A medida que se fueran recibiendo las rentas, el valor de rescate del inmueble, obviamente, iría subiendo. 

La operación es interesante para aquellas personas que carecen de medios económicos suficientes para subsistir en el día a día -básicamente, pensionistas sin otras rentas, pero que disponen de la propiedad de la vivienda por cuyo disfrute han venido sacrificándose durante años-. Hipotecar la propiedad les supondrá percibir durante 20 o más años -incluso hasta su fallecimiento, cualquiera que sea el momento en que se produzca, si así lo desean negociar, introduciendo ese factor aleatorio tan del gusto de nuestra sociedad ludópata- una renta mensual, disminuyendo, en contrapartida, su porcentaje de la propiedad. 

Los sucesores del pensionista puede que no vayan a encontrarse muy felices al tomar conocimiento, ocurrido el fallecimiento de su "querido" familiar, que éste no era, como habían creído, propietario al cien por cien de la casa que habitaba, y que si quieren disfrutar de ella, tienen que pagar un rescate equivalente a las rentas percibidas por el difunto, con los intereses correspondientes. Pero el causante habrá podido mejorar su nivel de vida con esos ingresos extra, sin molestar a sus futuros deudos.

La perversidad del esquema es que, analizada con frialdad, la operación implica haber dedicado quizá 20 o 30 años de "vida útil" (término muy interesante tratándose de seres humanos) para alcanzar a pocos y a pocos la propiedad de la vivienda, y, una vez que uno consigue ser pleno propietario de la misma, ver como en los últimos 20 años de vida inútil, se la tenemos que devolver al Banco a bocados ya irrecuperables.  

Tengo que confesar que lo de la hipoteca inversa se me había ocurrido a mí hace bastantes años. Una vez calculé cuanto dinero actual necesitaría un individuo, dependiendo de su edad, para vivir desde un determinado momento a partir de él, considerando una renta mensual y, dejando para la enfermedad final y la incineración las cantidades precisas, acabar con la cuenta a cero del patrimonio propio. 

El resultado fueron unos ábacos muy ilustrativos para valorar el esfuerzo de acumulación de pasta que cada uno debería hacer en relación con sus deseos de renta. De acuerdo con la edad, se podía calcular el valor actualizado neto de los gastos futuros y decidir cuando podría apearse del mundo del trabajo y dedicarse a la contemplación o a lo que le petiera.

Por ejemplo, y en moneda actual, dejando 18.000 euros para la enfermedad terminal y 4.000 euros para la incineración (la modalidad entierro es algo más cara), una persona de 50 años, necesitaría 216.000 euros, si cree contar con una esperanza de vida de 85 años, y si coloca el capital inicial a un tipo de interés fijo del 3%, para obtener una renta mensual de 800 euros. Si supera los 85 años, tendrá que vivir a partir de ahí de la beneficiencia pública, o echar mano del pequeño capital remanente para su enfermedad de despedida.

Hagan juego, señores.

A sotavento: Neelie Kroes escarmienta a Telefónica, por abusar

La noticia se puede resumir así: La comisaria responsable de regular la competencia en la Unión Europea. la holandesa Neelie Kroes, ha impuesto una multa a Telefónica de más de 150 Millones de euros, por encontrarla culpable de haber fijado precios demasiado altos a los restantes operadores (intermediarios de sus redes de ADSL), lo que les habría impedido trabajar con márgenes suficientes en sus ofertas de servicios a los usuarios finales de esos servicios de telefonía.

La Comisión entiende que, al menos hasta 2005, año en que ya intervino la CMT española para obligar a Telefónica a bajar sus márgenes, la actuación de esta compañía provocó que el precio de estos servicios a los usuarios en España fuera un 20 % superior a la media europea. En consecuencia, castiga a la operadora española con la segunda mayor multa, después de la condena a Microsof (más de 10 veces superior a la tercera clasificado en este ranking no deseado), que se hubiera impuesto a una empresa en relación con los temas delicados de la competencia intraeuropea.

Para empezar mi comentario, la verdad es que no entiendo porqué el fijar un precio alto a un intermediario, cuando el principal (Telefónica) también mantiene sus ofertas en competencia con ellos en el mismo mercado, va a motivar que los precios de todos suban. Esa consecuencia no la estudié en mis clases en Economía. Lo que me supongo es que la situación obligará, por supuesto, a reducir el beneficio de los agentes y redistribuidores, pero no tiene porqué provocar una subida de los precios a los usuarios finales, salvo que todos se hayan puesto de acuerdo en castigar (exprimirle el jugo) al consumidor de a pié.

También podría entender que se argumentase que, para obtener sus importantes beneficios a los que no quieren renunciar, los demás operadores se han visto obligados a subir sus precios al internauta, mintiéndole sobre las prestaciones que les estaban dando (lo que, en mi opinión, ha sucedido: menor velocidad de la prometida, interrupciones frecuentes del servicio, coberturas falsas, etc), pero la Comisión no profundiza en este aspecto.

La Dra. Kroes, conocida activista por los derechos de la mujer en su momento, y consejera que fue de McDonalds, entre otras empresas, dice que con la medida  "pretende ser ejemplar en el castigo, para que el ejemplo no cunda". Telefónica y la CNT han puesto el grito en el cielo. La primera anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo, considerando totalmente improcedente la multa. La segunda dice que es una injerencia injustificable.

A mí me parece, en primer lugar, que la argumentación de la Comisaria falla por la propia lógica del objetivo. Una multa es una sanción, y no puede justificarse su cuantía en relación con el elemento "ejemplaridad". Tal vez la dura Neelie Kroes tenga algunos resquemores contra la dominación española en Flandes, pero los tiempos en que se castigaba al que había hecho mal cortándole la cabeza para que los demás aprendieran en dolor ajeno, no tienen hoy ninguna cobertura jurídica, al menos, en los países occidentales, y, mucho menos, en la Unión Europea, que pasa por ser paladín de los funcionamientos democráticos.

En segundo lugar, creo que la Comisaria pretende que los ciudadanos europeos nos chupemos el dedo respecto a los intereses que están detrás de estas actuaciones en el sector de las comunicaciones. España es el mercado que más ha crecido en estos años, y las operadoras multinacionales (ya se sabe, con bases francesas, holandesas o británicas), que compiten con la ahora duramente castigada, para que aprendan en mejilla ajena, allí donde les da mucho gusto y se las den todas, lo que quieren es sacar tajada.

Los usuarios lo que deseamos es, por el contrario, obtener un buen servicio a un precio justo, que es tanto como decir, lo más barato posible. Las operadoras, hasta ahora, llámense como se llamen (incluída Telefónica), están metidas en una carrera tecnológica tan vertiginosa que van improvisando a medida que avanzan, siendo los paganinis los usuarios.

Ya comprendo que la Dra. Kroes no tiene por qué saber de todo, y que las hamburguesas están lejos de los imperios del ADSL, pero podría asesorarse bien de lo que están ofreciendo los distintos actores de esta mercado, la calidad de sus productos, y guardarse las cuestiones de la ejemplaridad para más adelante. La CNT, que es garante de la libre competencia en el mercado español, se lo agradecería (es una clara intromisión en sus funciones regladas, y un rapapolvo a su neutralidad) y, de verdad, los usuarios también. Porque sea cual sea la cuantía de la multa que se imponga a Telefónica, nosotros seremos quienes acabaremos pagando el pato.

Aunque me da en la nariz que el Tribunal de la UE va a anular la multa porque no han quedado acreditados los perjuicios a terceros, no ha habido tal competencia desleal, la resolución es posiblemente nula de pleno derecho y los argumentos empleados para justificarla son tan peregrinos que levantan risas.

 

Al socaire: Ofrécese lavandería para trapos sucios de instituciones

En estos días, se han producido dos episodios que afectan a la credibilidad de las instituciones económicas. Me refiero, para que el lector no haga especulaciones, al Banco Mundial y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores española. En ambos casos, se trata de dimisiones.

La una, la de Paul Wolfowitz, presidente de la entidad multilateral que se ocupa de impulsar proyectos en los países en desarrollo, no se ha producido aún, pero tiene todas las papeletas de suceder en uno de estos próximos días. Que haya propiciado que a su compañera sentimental le den trato de favor en el Pentágono, pagándole un sueldo compatible con el de funcionaria en el World Bank, y saltándose así las normas éticas de una institución que defiende la transparencia como uno de los elementos para salir de la pobreza, tiene malas componendas.

La otra, la de Manuel Conthe, ha tenido lugar después de una serie de tiras y aflojas, en la que quien fuera persona de confianza del ministro Solbes ha lanzado dardos envenenados contra el candidato a alcalde de Madrid, Miguel Sebastián, contra el vicepresidente de la CNMVA, Carlos Arenillas, y no se ha detenido en otros quiebros, pretendiendo mostrar la injerencia del Gobierno en el control de la cúpula de uno de los mayores Bancos españoles.

El objetivo de la conspiración que se empeñó en delatar, incluso cuando un conciliador Julio Segura le estaba sustituyendo, era, ni más ni menos, el intento de derribo del actual presidente del BBVA, Francisco González, por haber falsificado documentos mercantiles. Papeles que, por eso de la mala -o buena- suerte, se quemaron en el incendio del Windsor.

Pues bien, ya que parece que, superando los usos y costumbres, los trapos sucios de las instituciones no se van a lavar en cada casa, sino que se van a airear a poco que las personas de confianza se enfaden con sus mentores, no sería mal asunto montar una lavandería de los delicados componentes de la vida económica. Trabajo no habrá de faltar. 

Al socaire: El Presidente del BBVA opina sobre los altos salarios de algunos ejecutivos

Podía imaginarme que un pequeño número de altos cargos de empresas españolas coincidieran, en la soledad de sus elucubraciones, con mi opinión, emitida el 7 de marzo en este Cuaderno, -aunque fuera considerada por ellos irreverente, inoportuna y hasta malintencionada- sobre las razones por las que, compartiendo esta situación con futbolistas y top-models, los sueldos de los altos dirigentes de ciertas empresas estuvieran inexplicablemente sobredimensionados.

Es decir, interpretando correctamente el sentido de mi frase, mi conclusión era que no podía justificarse con las leyes del mercado -básicamente, las de la oferta y la demanda-, e incluso, bajo ningún fundamento deducible de los conocimientos del mundo y su ordenación de que disponemos las gentes bien intencionadas, que se recompesara con honorarios que superaban la relación 100 veces a uno, a unos profesionales respecto a otros que tenían idéntica, e incluso superior preparación.

¿Qué estaba remunerando el mercado, pues?

Lo que supera todas mis expectativas es que ni más ni menos que Francisco González, Presidente del BBVA, haya reconocido - ante la Junta de Accionistas de su Banco, y a una pregunta de una de las asistentes- que su sueldo, próximo a los 10 millones de euros anuales (que se encuentra en proporción de 400 a 1 respecto a los 25.000 euros en los que estimo el salario medio de los licenciados en económicas con un máster en dirección de empresas, con dos años de experiencia), aunque en línea con el de otros ejecutivos equivalentes, y en valores del mercado, fuera "éticamente" poco justificable, esto es, reprochable. Si a ello le añadimos el bonus del fondo de pensiones, la cifra se duplica y el ánimo de los espectadores y lectores, se nanoreduce.

Supongo que las consecuencias son tan fáciles de extraer, que hasta podría callármelas. Pero, para que aquellos de mis casi incontables seguidores que no tienen tiempo más que para lecturas trasversales, me permito extraer la única posible conclusión las dos partes del silogismo del Presidente del BBVA, al que considero uno de los mejores ejecutivos españoles: "Ergo, el mercado incorpora factores que no son éticos, para calcular los altos sueldos de algunos ejecutivos."

Dan ganas de poner en circulación este meme: "¿Qué porcentaje éticamente poco justificable, pero, al parecer, ajustado al mercado, cree que tiene su sueldo? ¿Qué es lo que está haciendo para equilibrar esa externalidad?. " No me conteste ahora, por favor. Hágalo después de la publicidad y la trasmisión deportiva.

(La fotografía la obtuve en la estación de Metro de Plaza de Castilla a finales de febrero. No me consta la identidad del ciudadano que se toma tanta molestia para buscar bajo las máquinas expendedoras. Tengo varias alternativas, pero este Comentario va ya muy cargado.)