A sotavento: Tarifas eléctricas, Decretos autonómicos y mantenimiento de la red

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) tiene el encargo, desde hace un par de años, de proponer la reforma del actual modelo de la tarifa eléctrica, que deberá tender a la eliminación del sistema actual, es decir, a la introducción de una metodología transparente que permita que los costes de las actividades reguladas se financien únicamente con los ingresos que se obtengan de la repercusión al cliente final, y que los costes de generación se repercutan con transparencia a los precios finales.

Una papeleta nada simple, pues, en su momento, se prolongaron los precios regulados para los grandes consumidores industriales hasta 2010, florecen las tarifas subvencionadas para las nuevas energías "alternativas", y se mantienen, por variopintas razones, los viejos esquemas tarifarios. 

La historia es fácil seguir, porque ha ido dejando huellas en el camino. Desde la "moratoria nuclear", y dada la decisión de recompensar las inversiones efectuadas por el sector eléctrico, se ha perdido el respeto a mantener la transparencia a las tarifas, incorporando en ellas complementos que se mantenían, aunque hubieran perdido su sentido original. Con la hipotética liberalización del sector, que anunció el gobierno del ex-Presidente José María Aznar, se establecieron unos “costes de transición a la competencia”, garantizados, y por ello, convertidos en elemento de financiación de las eléctricas.

Otro elemento exótico, -obligado porque a pesar de la liberalización las tarifas fueron constritas a mantenerse por debajo del IPC-, es el “déficit de tarifa”.  Este curioso elemento dió tranquilidad a las empresas para no actuar sobre sus costes de generación y manntener la línea ascendente de beneficios.

Como el que no llora no mama, las compañías eléctricas se han venido quejando en los últimos años de que el tope máximo del IPC para las tarifas las hace insuficientes para cubrir los costes rampantes. Alegan que las materias primas son más caras, el Tratado de Kyoto los cuesta dinero, debido al Plan Nacional de Asignación (PNA) para las emisiones contaminantes.

Pero la falta de transparencia tarifaria también les crea problemas a sus beneficiarios. La interesante perspectiva de armonización del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel), con una potencia instalada de 80.000 MW, no es posible aún debido a la discrepancia de criterios para las tarifas eléctricas en Portugal y en España.

Así las cosas, el objetivo de claridad y uniformidad en el modelo de revisión de las tarifas ha sido sometido a nueva presión, con las medidas previstas por el Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid, (Proyecto de Ley para el Incremento de la Cuantía de las Sanciones en Caso de Incumplimiento del Suministro Eléctrico).

Este Proyecto ya fue aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido al Consejo Económico y Social (CES), y refuerza la Ley comunitaria 2/2007 de Garantía del Suministro, cuyo objetivo teórico ya era presionar a las distribuidoras madrileñas (Iberdrola y Unión Fenosa) para que realizasen más inversiones.

Presión que, en mi opinión, era muy necesaria, pues estas compañías se habían concentrado en robarse los clientes, descuidando la calidad del servicio, -sometido a parones, variaciones de tensión, obras sin aparente justificación ni planificación adecuada- hasta que se restableció una norma no escrita -supongo- de no agresión y alguien ordenó calma en el cotarro.

Se aumenta ahora la cuantía de las multas hasta 30 Mill de euros si no se reinstaura el servicio en períodos de tiempo aún más cortos (de 4 a 6 horas) o no se cumplen ciertas condiciones de inversión y mantenimiento (p.ej., una reserva de capacidad del 30% en las subestaciones).  

Desde luego, el efecto Barcelona pesa en el ambiente, y no solo porque las barbas catalanas hayan sido peladas, sino porque también lo fueron las propias madrileñas durante 2006, y no tiene el mismo efecto en los media que se quede a oscuras un pueblo de León o Jaén que una de las ciudades-símbolo de la modernidad de España.

Ignoro si las consecuencias por efecto colisión han sido analizadas en el aspecto que comento a continuación, y si el CES centrará su atención en un punto delicado: la incidencia en la solidaridad interregional. 

La tarifa eléctrica repercutida en España es única para todo el territorio nacional, a pesar de que la electricidad no es un producto homogéneo, y a que los costes el transporte y la distribución jueguen un papel importante, desde el origen de generación. Pero los precios al consumidor son aquí independientes del nivel de calidad del servicio o el estado de las redes y de la procedencia de la energía consumida.

Esta situación se debe a medidas de solidaridad y política económica general, que comparto. Como también comparto que los precios del agua (otra de las "utilities") sean diferentes para cada abastecimiento concreto, dadas las muy variadas formas de acceder a este recurso, y su calidad, según las zonas.

Desde luego que las cosas podrían ser de otra manera, pero no son. A grandes rasgos, se podría fijar la remuneración de la distribución en función de la calidad del servicio. Este parámetro está relacionado con el número de instalaciones y usuarios, cuyo número, situación, consumos punta y valle, etc, conforman de forma determinante los costes de la red. Se utilizan por ello, en otros países, modelos de red de referencia, redes ideales teóricas imaginadas como si la construcción no tuviera ninguna  limitación, en relación con la cual se fijan las inversiones necesarias y las medidas de calidad.

Al exigir unos niveles de servicio más altos para la región de Madrid que para el resto de España, la acción del gobierno de Esperanza Aguirre para la Comunidad Autónoma será perjudicial para las restantes autonomías, salvo que, alertadas del riesgo de verse perjudicadas por desplazamiento de recursos al sitio en donde les duele, sigan la misma senda de Madrid y anulen los efectos del agravio comparativo potencial. 

Las empresas eléctricas aumentarán, por supuesto, sus costes de mantenimiento e inversiones en el área en donde se les penaliza más, detrayendo medios de otras Comunidades más permisivas, y que únicamente obliguen a cumplir con la Ley del Gobierno Central en los aspectos relativos al asunto (La vetusta Ley 54/97 del Sector Eléctrico, la que liberalizó el servicio en su Disposición Transitoria decimotercera), o a sus actuales prolijas leyes de Garantía y Calidad del Suministro eléctrico, con tufillo a apacibles cartas a los Reyes Magos, a pesar de la invocación que todas tienen a la autonomía para regular la distribución en los territorios propios.

Quizá tengamos más calidad en Madrid, pues, pero a costa de disminuir el nivel de servicio en otras zonas, y alejarnos más en nuestro desventrado Estado Federaloide del objetivo de una tarifa transparente.