Al socaire: Más sobre los incendios de Galicia, las opiniones políticas y la Ley de Montes
Se va consolidando la sospecha de que los incendios -en número superior a los cien- que asolan los bosques de Galicia, y en especial, las masas forestales próximas a los núcleos urbanos, han sido provocados. Al menos, una mayoría.
El propio presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, desplazado desde hace dos días a la zona, ha expresado esa opinión, basándose en que es prácticamente imposible que se produzcan simultáneamente, desde diferentes focos próximos, tantos incendios, independientemente de la valoración que pueda hacerse de las condiciones de sequía que está padeciendo todo el país.
También está desplazado en Galicia el líder de la oposición, Mariano Rajoy, quien, en sus declaraciones, ha recordado que el PP ha propuesto una serie de medidas (33) hace más de un año, y precisa que no pretende criticar al Gobierno, sino pedir mayor eficacia en sus actuaciones y, más en concreto, que se nombre un coordinador único que tome decisiones en todos los frentes, repartiendo los efectivos, según prioridades; también ha criticado, siguiendo a Zaplana, que se haya dado importancia al conocimiento del gallego en la selección de los expertos en las oposiciones para cubrir las plazas de bombero forestal.
El Consejo de Ministros del 22 de Julio había aprobado medidas para prevenir y combatir incendios forestales y para mejorar la coordinación entre las administraciones, prohibiendo hacer fuego hasta el 1 de noviembre en espacios abiertos o fumar en las zonas forestales de alto riesgo. El Consejo creó también un Centro Nacional de Coordinación de la Información sobre incendios forestales. La prohibición de hacer fuego en zonas abiertas" incluyía la quema de rastrojo, fogatas en zonas recreativas o de descanso, y también cualquier actuación que genere chispas, como fumar, prohibiciones que se incluyeron en un Decreto-Ley con medidas extraordinarias.Estas medidas se estructuraron en tres ejes: sistema de indemnizaciones y ayudas a los afectados, medidas extraordinarias para prevención y extinción de incendios y la mejora de los servicios de coordinación y cooperación entre administraciones.
Junto con la prevista mayor dotación de medios (por ejemplo, más hidronaves adaptadas para combatir incendios, con posibilidad de conducción nocturna), se indicaba la colaboración inmediata con las Administraciones regionales para la limpieza de los residuos forestales, el refuerzo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y el reconocimiento como policía administrativa de los agentes forestales.
El vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, opinó, por su parte, que la primera causa de los numerosos incendios en Galicia era "el abandono del medio rural", en especial, durante los últimos años del Gobierno del PP, y concedía menos importancia a la responsabilidad concreta de la actuación de los pirómanos. (tomado de sus Declaraciones a RNE).
Coincido con Quintana en que el medio forestal, rural, está totalmente abandonado, y que en Galicia no se valora el bosque, que pasó a ser, de considerarse una riqueza, un estorbo para el propietario. Puede que algunos de los pirómanos, sean "terroristas que se dedican a prender fuego todos los días, dispuestos a hacer mucho daño". Pero prender fuego al monte (de otro, y a veces, incluso al propio) no es ajeno al programa de actividades de algunos desaprensivos. Recuerdo que el año pasado un maestro de un pueblo de Galicia, indicaba que uno de sus alumnos, en una redacción en donde debería contar lo que había hecho el fin de semana, confesaba con ingenuidad que "había ido con su padre al monte a encender unas candelas".
A estas actitudes, se une, por supuesto, un "tiempo seco", que dificulta las labores de extinción.
Es necesario que la modificación de las competencias policiales vaya acompañada de la modificación del Código Penal para el endurecimiento de las penas, porque quemar un monte es muy barato penalmente hablando. Y habrá que hacer un examen profundo sobre la nueva Ley de Montes, (Ley 43/2003), que ha venido a consolidar la desposesión del propietario de las masas forestales, convirtiéndolo un mero detentador de la propiedad, sujeto de múltiples responsabilidades y limitaciones, pero con muy pocas ayudas reales y escasas opciones para su disfrute económico.
Ahí también buscaría yo el desinterés de muchos propietarios, con poca conciencia social y ecológica, por la protección de unos bosques a los que no encuentran ninguna o escasa rentabilidad.
Si el lector quiere saber más y tener su propia opinión, basada en la de especialistas, le aconsejo, en fin, visitar la página del Colegio de Ingenieros de Montes sobre el tema.