Tenemos Fukushima

Fukushima no es la Apocalipsis, pero tenemos Fukushima para unos cuantos años. 

La enseñanza de este grave accidente, provocado por un desastre natural, ha de servirnos para corregir algunas cosas, pero no nos debiera impedir seguir avanzando en lo que importa: dominar lo que nos rodea, conseguir que la técnica, la razón, la ciencia, nos lleven a encontrar el meollo de la naturaleza, desplegar, hasta sus últimas consecuencias, la verdad del cosmos.

¿Podremos, sabremos?. Parecemos estar aún lejos de una respuesta positiva, pero no debemos desfallecer, porque nos va en ello encontrar el camino que nos ha llevado hasta aquí y nos conducirá, como colectivo, hasta que seamos capaces de asumir los mandos -¡qué ilusión, qué rebeldía, qué osadía imaginarlo siquiera!- por caminos plagados de desastres, de trampas, de errores, de catástrofes.

Habemus Fukushima. El dragón ha lanzado, una vez más, su lengua de fuego sobre lo que hemos creado y ha intentado rompernos la torre de Babel con la que intentamos llegar lo más alto posible. Nos sobrepondremos, corregiremos errores, pero nada podrá impedirnos seguir compitiendo por alcanzar el puesto de piloto de la existencia de la Humanidad, aún corriendo el riesgo de que, tal vez, nuestra pretensión nos conduzca, de una vez por todas, hasta la Apocalipsis.

(En el día de hoy, se nos informa que los niveles de radioactividad en una zona de la planta de Fukushima Daiichi es diez veces más alta de lo normal. Las muestras del agua tomada de una de las piscinas generadas para refrigeración del reactor nº 2 revelan una radioactividad de 1.000 milisieverts (mSv) por hora, que es 4 veces superior a lo previsto como nivel asumible sin riesgo para la salud, establecido por las autoridades niponas antes del desastre (250 mSv). 

Cuatro de los seis reactores aún no están completamente bajo control, aunque se indica que la temperatura y presión en todos ellos está estable en este momento. Los niveles tan altos de radioactividad expresan, con casi plena certeza, que el agua ha alcanzado el núcleo del reactor. Se ha restablecido el suministro de energía y las bombas funcionan para llevar agua limpia a las carcasas de refrigeración.

La situación sigue siendo muy compleja, y afecta a las exportaciones de productos japoneses, ya que algunos países (Estados Unidos a la cabeza) han prohibido la entrada de varios de aquellos en su territorio. Se han tomado muestras de agua de mar a unas 20 millas de la costa de Fukushima y se encontraron niveles de hasta 1.850 veces los niveles estimados normales.

TEPCO, la operadora de la Central ha informado hoy, 27 de marzo de 2011, que la mayor parte de la radioactividad medida en el reactor nº 2 proviene del iodo-134, que tiene una vida media de 53 minutos. Las últimas lecturas ofrecen niveles 10 millones de veces!! (1) superiores a la radioactividad normal del agua de circulación en un reactor en operación controlada.

Se han detectado niveles de 2,9 miles de millones de becquereles de iodo-134, 13 millones de becquereles de iodo-131 (vida media en torno a 1 día) y 2,3 millones de becquereles de cesio 134 y 137. La vida-media del Cs-134  es aproximadamente 2 años y la del Cs-137 es aproximadamente 30 años.

(Un becquerel (Bq) o bequerelio es equivalente a la cantidad de material radiactivo en la que 1 átomo se transforma cada segundo)

(1) Con posterioridad a esta divulgación, se ha notificado que la cifra corresponde a un error del operario en la interpretación de la lectura. La cifra correcta sería de 100.000 veces la radioactividad normal, que ya vale. El nerviosimo y la presión de la situación, sin duda, afectan también a los expertos involucrados en desentrañar lo que está pasando en los reactores y proporcionar información fidedigna para corregirlo y tomar las medidas adecuadas para protección de la población, sin alarmismos desorbitados ni comunicaciones infundadas.

Cómo afecta la Ley Omnibus a los ingenieros de Minas

La revista del Colegio de Ingenieros de Minas de Centro (COIMCE) ha publicado, hace ya unos meses, un artículo sobre la Ley Omnibus, del que soy autor. Está disponible en la web del Organismo, siguiendo este enlace (págs. 10 a 20), pero para comodidad del lector, lo incluyo más abajo.

Ilustran mis reflexiones, fotografías de algunos de mis cuadros.

La Ley Ómnibus y cómo afecta a los ingenieros de minas

Por Angel Manuel Arias, Dr. Ingeniero de Minas y Abogado

Introducción

La Directiva de Servicios del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea 2006/123/CE había abierto la opción al  legislador español para adaptar algunas leyes propias al objetivo genérico de garantizar la mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios en el mercado interior. El propósito de esa Directiva es favorecer la libre circulación de personas, capitales y servicios entre los países de la UE, robusteciendo así el espacio común europeo. Era obligatorio incorporar la Directiva  al derecho aplicable español antes de finales de 2009.

En consecuencia, el 23 de noviembre de 2009 fue promulgada la Ley 17/2009 (Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio), que, ya en su primera redacción, fue caracterizada como "Ley Paraguas", porque se era consciente de que afectaba a otras muchas leyes que deberían adaptarse correspondientemente, a su vez. Casi inmediatamente, el 22 de diciembre de 2009, se publicó la Ley 25/2009, que suponía la  reforma simultáneamente de los contenidos de 46 leyes estatales y que, dado su carácter multifuncional, fue denominada, desde los primeros borradores, Ley Ómnibus.

En la fase de consultas y discusiones previas, quedó de manifiesto que el Gobierno español había aprovechado la obligación de incorporar al derecho propio la Directiva, como pretexto para introducir en nuestro sistema normativo diversas reformas, con diferentes alcances y significando importantes repercusiones prácticas, que conmocionaron al sector de servicios.

Las afecciones a los Colegios profesionales que se pretendían motivaron una fuerte reacción de estos colectivos, tanto a nivel individual como con la presentación de propuestas de enmienda a los borradores suscritas por agrupaciones interprofesionales. Los artículos que se modificaban suponían un cambio sustancial en los objetivos y medios de subsistencia de estas corporaciones, en especial, para los colegios que agrupaban las profesiones técnicas, cuyos ingresos principales provienen de los visados de proyectos.

Pero, además, la redacción permisiva con la que está redactada la Ley. dejando el camino abierto a profesionales de otros países miembros, con titulaciones y calificaciones para los que no se prevé control ni homologación, plantea graves interrogantes a nivel de la competitividad particular de los titulados, al debilitar a los Colegios profesionales, coincidiendo con la puesta en funcionamiento de un nuevo contexto educativo, propiciado por otra conflictiva resolución europea, conocida como acuerdo de Bolonia.

La situación previa a la Ley Omnibus

Como es bien conocido, los modos de actuación de los Colegios profesionales venían regidos por la Ley 2/1974, preconstitucional. Aunque el art. 36 de la Constitución hacía referencia explícita a la regulación por ley de “las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesionales tituladas”, su evidente arraigo y solvencia en la sociedad española la había mantenido vigente, con escasas modificaciones.

Esta situación venía amparada, desde luego, porque no había contenidos en ella que se opusieran a lo establecido en la Constitución, además de por la Disposición transitoria primera de la Ley 2/1974, que establecía que las disposiciones reguladoras de los Colegios profesionales, de sus Consejos superiores y sus Estatutos, continuarían vigentes, sin perjuicio de las adaptaciones estatutarias que fueran precisas.

 

En lo que respecta a nuestro colectivo, el Decreto del Ministerio de Industria de 9 de diciembre de 1955 (publicado en el B.O.E. 01-01-56) había autorizado la constitución de los Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas y de su Consejo Superior, como Corporaciones oficiales que quedaban dotadas de plena personalidad jurídica. Apenas un año más tarde, se las reconocía como corporaciones de derecho público, Orden Ministerial de Industria de 7 de marzo de 1957 (publicada en el B.O.E. 30-03-57), por la que se aprobaban los primeros Estatutos Generales de los Colegios de Ingenieros de Minas de España y de su Consejo Superior.

Los actuales Estatutos Generales de los Colegios de Ingenieros de Minas y de su Consejo Superior fueron aprobados por Real Decreto 1278/2003, de 10 de octubre (y publicados en el B.O.E. de 24-10-2003), que adaptaban a su funcionamiento la disposición adicional única de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales, por la que se modificaba el artículo 6. 1 de la Ley 2/1974.

Los cambios sustanciales que supone la Ley Ómnibus a las actuaciones de los Colegios

La Ley deroga los Estatutos y las normas colegiales en lo que se opongan a lo dispuesto en la misma, obligando, por tanto, a tener en cuenta sus disposiciones a partir del período de transición y, en otros, implica una actualización de los Estatutos vigentes, es decir, en nuestro caso, tanto los del Consejo Superior de Colegios de Minas como los de los Colegios regionales.

Hay tres aspectos que son vitales para la supervivencia de los Colegios y que quedan directa e inmediatamente afectados por la Ley Ómnibus:

a)    se elimina la obligatoriedad de colegiación

b)    los visados de  proyectos en los Colegios profesionales adquieren un carácter voluntario, por parte del cliente o del profesional, a no ser que vengan obligados por una disposición legal.

c)     se prohíben los honorarios profesionales orientativos, dejando su establecimiento al libre acuerdo entre profesional y cliente.

 Análisis de la evolución de la redacción de la Ley Ómnibus

Es cierto que, a lo largo de los años de vigencia de la Ley 2/74, había sido varias las opiniones expresadas que defendían que los Colegios profesionales estaban necesitados de una reforma integral. Aunque la Ley de 1974 había sufrido varias adaptaciones, parecía conveniente ajustarla a las nuevas necesidades de la sociedad, robusteciendo ese instrumento fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad civil.

Lamentablemente, el legislador, constándole la oposición de los colegios profesionales, ha creído conveniente aplicar un parche en el ojo del problema antes que debatir abiertamente con estos colectivos acerca de lo que haría falta corregir o modificar, dando nacimiento a una situación que, al dificultar la viabilidad de los Colegios, y muy especialmente de los técnicos (pero no únicamente, ya que a otros, como los de Habilitados de Clases Pasivas y Procuradores, les priva de contenidos de raíz), y tergiversar o adulterar sus objetivos tradicionales, plantea fuertes incógnitas respecto al propósito real de la Ley y a las consecuencias de la situación de inseguridad jurídica, por afectar a una amplia panoplia de Leyes y Reglamentos vigentes, que origina en varios campos.

El Consejo de Estado había emitido en mayo de 2009 un Dictamen, a petición de la Vicepresidencia Primera del Gobierno, en la que se discutía la oportunidad aducida en el Borrador de la Ley de recurrir al "carácter de urgencia" para modificar Leyes, atribuyendo además a esa precipitación algunas "erratas e incongruencias", mostrándose contrario a que la transposición sea el vehículo adecuado para modificar cuestiones que "afectan al Diálogo social", y que deberían ser objeto de específicas discusiones.

Pero a los Colegios Profesionales que, directamente, o a través de sus Asociaciones  interprofesionales, habían planteado profundas modificaciones a los artículos del Borrador que incidían sobre sus competencias y funciones, el Dictamen no les ofreció mucho consuelo. No aludía el Consejo, por ejemplo, a la petición expresa de que las modificaciones a la Ley de Colegios no deberían hacerse por la vía de esta Ley-saco, sino detallarse en una Ley específica. Tampoco se acogía la argumentación de inoportunidad y exceso, pues se entendía que, en gran medida, lo que se estaba imponiendo con la Ley no era consecuencia dimanante de la Directiva, sino que ofrecía a otros propósitos que en absoluto quedaban claramente explicitados.

Esos propósitos subyacentes en el legislador, en lo que resultaban aparentes para los Colegios profesionales, suponían, ni más ni menos, la intención de eliminar o reducir significativamente el peso social de estas entidades, al privarlas de importantes medios de subsistencia, cargándolas con nuevas obligaciones sin contraprestación. Quedaba perjudicada, en suma,  su actual relevancia, no solo como órgano de control deontológico y profesional, sino como instrumento independiente políticamente, por su obligado carácter plural, de las opiniones de las élites intelectuales de la sociedad civil.

La situación es muy grave y tampoco cabe atribuir la responsabilidad de la misma al Gobierno español en exclusiva, sino que responde en parte a la adopción de un criterio de actuación específico, dentro de una corriente, errática, cuando no tendenciosa ideológicamente, del Parlamento Europeo, que viene arrastrando desde 1987 la petición de eliminar todas las corporaciones de derecho público como atentatorias contra la libertad asociativa. En contra, por cierto, del criterio del Tribunal de Justicia Europeo. que en Sentencia del 19-1-88 había validado la colegiación obligatoria.

Sucede, además, que al imponer, sin un análisis completo de sus consecuencias prácticas, diversas medidas que no venían exigidas por la Directiva, ni encuentran su paralela contraprestación en otros países miembros, faltan al principio de reciprocidad y debilitan la competitividad de los profesionales españoles.

La eliminación de la obligatoriedad de la colegiación

Estamos en un mundo convulso, de crisis ideológica –pero sin que se manifiesten simultáneamente las alternativas éticas- en la que el criterio o los intereses de la mayoría propenden a imponerse, confundiendo así el concepto genuino de democracia, dejando sin voz o sin capacidad resolutiva, los intereses minoritarios. Este aparente vicio conceptual se transparenta, por ejemplo, en la propia Exposición de motivos de la Ley, que, como uno de los puntos en torno al cual se hace girar la reforma, presenta como fin fundamental de los Colegios, la incorporación a sus fines fundamentales de "la defensa de los consumidores".

La consecución del “interés público”, con respeto al “contenido esencial de la libertad profesional”, que, hasta la aparición de esta ley problemática en el muy complejo panorama legislativo, no tenía más límites que la Constitución, -especialmente a través de los derechos fundamentales-, adquiere ahora una dimensión que se puede calificar de espuria. Los Colegios profesionales son compelidos a asumir obligaciones propias de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores, dibujando un panorama impreciso, inseguro jurídicamente, porque no se está haciendo referencia a derechos fundamentales, sino a intereses particulares, que resultan ajenos a estas instituciones profesionales y que, así expresadas, resultan incluso extrañas a los objetivos de las Cámaras, Uniones y Colegios Profesionales de otros países de la Unión Europea.

La eliminación de la obligatoriedad de colegiación, que aparentemente tiene como objetivo facilitar el libre desempeño de las profesiones dentro del ámbito de la Unión Europea, tiene varios efectos perversos. Una cosa es, como se venía ya admitiendo, que el colegiado en cualquier colegio territorial, pudiera ejercer en otro lugar distinto a su residencia –en algunos casos, con la sencilla obligación de comunicar la actuación al Colegio-, y otra que se pierda definitivamente el control de la actuación de los profesionales, que se venía ejerciendo desde los Colegios, precisamente por la preocupación deontológica, consustancial con su funcionamiento, de velar por el prestigio del colectivo.

Incluso aunque se mantuviera la obligatoriedad de colegiación, si no existe fórmula alguna para detectar dónde se están llevando a cabo las concretas actuaciones profesionales –ahora, además, abarcando todo el ámbito de la Unión Europea-, no será posible realizar con eficacia la pretendida defensa de los consumidores, ni sería factible, por ejemplo, dilucidar de manera inequívoca qué Colegio sería competente para actuar en los casos en los que el visado sea obligatorio, o si se presentaran litigios o controversias de intereses, bien entre los mismos profesionales o entre éstos y sus clientes o usuarios de los servicios.

Parecen propiciarse también, junto a la aparición de paraísos de descontrol, ventajas nada deseables nacidas eventualmente de la colegiación en aquellos Colegios que, por las razones que fueran, dispusieran de menores cuotas o estuvieran actuando con mayor tolerancia en el control de los visados y las actuaciones profesionales.

La obligatoriedad de la colegiación para los ingenieros de minas españoles

Ante la petición del Ministerio de adelantar las propuestas de modificación de los Estatutos colegiales, para ajustarse a la nueva disposición legal, la Comisión de Estatutos, creada ad hoc por el Consejo Superior de Ingenieros de Minas, ha presentado la siguiente redacción, en lo relativo al ejercicio profesional:

“Para ejercer  la profesión de Ingeniero de Minas, ya sea por cuenta propia en el ejercicio libre o por cuenta ajena al servicio de cualquier empresa, será requisito indispensable, además de poseer el correspondiente título académico, con todas las circunstancias que las leyes y disposiciones vigentes prescriben, pertenecer al Colegio de Ingenieros de Minas en cuyo territorio esté comprendido su domicilio profesional único o principal, lo que le permitirá ejercer en todo el territorio del Estado. Los distintos colegios territoriales de Ingenieros de Minas no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de su adscripción, comunicación ni habilitación alguna, ni el pago de contraprestación económica distinta de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de servicios de los que sean beneficiarios y no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.”

Esta redacción, como se hizo notar por la Comisión específica del Colegio de Ingenieros de Minas de Centro, debería complementarse con la inclusión, en el capítulo relativo a la Obligatoriedad de la colegiación que prevén los Estatutos propios, de un párrafo de reciprocidad, en relación con las titulaciones otorgadas en otros países miembros de la Unión del tenor siguiente: “Para ejercer todas las facultades de la profesión de ingeniero de minas en España, es necesario disponer de un título oficial emitido por autoridad  académica competente y estar comprendido en la situación de equivalencia que, en su caso, pueda afectar a los profesionales que hayan obtenido su titulación en otro país miembro de la Unión Europea.” Asimismo, en el borrador de los nuevos Estatutos, se ha propuesto también incluir el párrafo siguiente:

“La colegiación permite al colegiado disponer de todas las ventajas y protección que las leyes hayan canalizado a través de los Colegios profesionales y, como profesión regulada, para el ejercicio concreto de la profesión de ingeniero de minas, facultándole para ejercer en todo el territorio del Estado Español y, en virtud de las Directivas y acuerdos de equivalencia que resulten de aplicación, en el territorio de toda la Unión Europea.”

Para el caso de los ingenieros de minas que tengan la categoría de funcionarios la colegiación seguirá siendo opcional, en la actual propuesta, aunque se debe hacer notar que el mantenimiento de esta situación ha dado tradicionalmente lugar a fundamentadas reservas, tanto en el seno de nuestro colectivo como en los demás colegios profesionales.

 Disposiciones respecto al visado

El punto de mayor discrepancia con la Ley de los Colegios Profesionales afecta a la eliminación de la obligación y al nuevo carácter del visado de los proyectos. Los Colegios técnicos, sin excepción, venían incluyendo en sus Estatutos, la obligatoriedad del visado, que constituye su fuente fundamental de ingresos, muy superior a las cuotas colegiales.

La Ley indica expresamente que las normas colegiales no pueden establecer la obligatoriedad del visado, y que los Colegios de las profesiones técnicas visarán los trabajos profesionales, en su ámbito de competencia, únicamente cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales, o cuando así se establezca reglamentariamente por el Gobierno mediante Real Decreto.

El objeto del visado es comprobar, al menos: a) La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo y b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate.

En cuanto a su contenido, el visado expresará claramente cuál es su objeto, detallando qué extremos son sometidos a control e informará sobre la responsabilidad que asume el Colegio. En ningún caso comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional.

El visado de proyectos y dictámenes es un sello de calidad en varios sentidos. Garantiza la personalidad del firmante, la vigencia de su colegiación y la acomodación formal del trabajo a los requisitos generales, al ser revisado obligatoriamente por un tercero facultado por el Colegio profesional. 

No puede pretenderse que los Colegios, mediante el visado, garanticen la corrección de los proyectos, pues ello exigiría que se dotaran de medios propios de una consultora –y capaz de competir con las mejores consultoras europeas- y, como cuestión aún de mayor importancia, implicaría que se verían afectados tanto el criterio profesional del que firma el proyecto (del que él es el único responsable), como la confidencialidad de los métodos, cálculos y planteamientos seguidos. Sin embargo, se era consciente de la necesidad de dotar a este sello de calidad de aún mayores características de control formal, que deberían referirse a la comprobación de que en el trabajo el profesional había aplicado la legislación vigente y cumplía con los requisitos formales que cabe esperar de un documento de ese tipo.

No se encuentra la justificación al propósito legislativo de dejar al arbitrio del consumidor, o que sea visto simplemente como capricho del profesional, la cuestión sustancial de obtención del visado del proyecto. Si el primero lo va a interpretar como un extracoste que puede  evitar y al segundo le puede suponer una pérdida de competitividad, al gravar sus honorarios, van a ser reducidas las situaciones en que se demandará el visado, salvo que venga obligado por Ley o Reglamento.

La cuestión no queda ahí. Se indica en la Ley que “En caso de daños derivados de un trabajo profesional que haya visado el Colegio, en el que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo concreto.”

Los Colegios asumen ahora, por Ley, responsabilidad por los visados, cuyo carácter y alcance están obligados a precisar, dada la formulación amplia de la Ley, y su actuación de control deberá estar cubierta por seguros que, para la fijación de las primas correspondientes, conducirá a negociaciones nada sencillas, por la falta de experiencia en relación con los riesgos que se están asumiendo.

La obligatoriedad del visado en el ámbito de competencias de los ingenieros de minas

Para evitar, en lo posible, conflictos interpretativos, la nueva redacción de los Estatutos que ha propuesto la Comisión, fija claramente cuáles son los límites de la revisión efectuada por los Servicios Técnicos del Colegio que, en ningún caso, supondrá la revisión técnica del proyecto o documento presentados, materia que corresponde al criterio y responsabilidad personal del autor o autores y que, además, en no pocos casos, puede venir amparada por las disposiciones relativas a la propiedad intelectual o patentes.

La profesión de Ingeniero de Minas, tiene la consideración de profesión regulada, siendo necesario para ejercer la misma estar en posesión de las cualificaciones legalmente establecida de acuerdo con lo previsto en artículo 4, apartado 1, del Real Decreto 1837/2008, por el que se incorporaron al ordenamiento jurídico español las Directivas 2005/36/CE (relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales) y 2006/100/CE (que adaptaba varias Directivas como consecuencia de la incorporación de Rumanía y Bulgaria).

Además, como profesión cuyo ejercicio afecta directamente a la seguridad de personas –tanto en su condición de trabajadores ejecutores de las directrices dimanadas por ingenieros de minas, como de usuarios de las instalaciones o productos diseñados o fabricadas de acuerdo con sus instrucciones- la profesión de ingeniero de minas en España viene amparada, y afectada, por diversas disposiciones legales, bien específicas, o comunes a otras profesiones técnicas.  

Es el caso del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. (R.D. 863/1985 de 2 de abril), o el R. D. 230/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos, en la redacción dada por los Reales Decretos 277/2005 y 248/2010. Entre decenas de disposiciones que inciden sobre la misma cuestión de seguridad o salubridad, se pueden citar, como simples ejemplos de la complejidad legislativa que afecta a nuestra profesión y a otras ingenierías, el R.D. 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción o las múltiples Leyes especiales que relacionan aspectos de los cometidos profesionales que implican responsabilidades 54/1997, del Sector Eléctrico, 10/1998, de Residuos.

No es este el lugar para presentar la variedad de cometidos que venimos desarrollando, dada la versatilidad formativa de nuestra profesión, los ingenieros de minas españoles, que abarcan desde la ingeniería civil de obras subterráneas y túneles, además de las propias de la explotación minera, hasta el diseño y ejecución de instalaciones industriales y de generación y distribución de energía, que involucran todas ellas, en muchos casos, muy altas responsabilidades frente a clientes, administraciones públicas y la ciudadanía en general, al afectar al bienestar social y al respeto ambiental.

La cuota de colegiación y su nuevo carácter

La cuota de colegiación, según la nueva Ley, no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción al Colegio. Basta la incorporación al Colegio del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español.

La eliminación de los honorarios profesionales orientadores deja al consumidor –y a la propia Administración-, sin ninguna referencia, bien ante la posible sobrevaloración de los servicios, bien como baremo para el posterior control fiscal de los mismos, facilitando, por otra parte, tanto la ocultación de ingresos como propiciando las actuaciones de dumping desleal.

Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que los acuerdos, decisiones y recomendaciones del Consejo Superior de Colegios y Colegios Oficiales de Ingenieros de Minas con trascendencia económica estaban sometidos a los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Se ha perdido, en fin, una oportunidad para revisar y poner nuevos objetivos consensuados para mejorar el funcionamiento de unas instituciones imprescindibles para la buena marcha de la sociedad, en aspectos tan necesarios como la profesionalidad y la economía y, no en último lugar, para el control deontológico.

El Consejo de Estado, en su dictamen, había destacado el grave problema que suponía dejar al arbitrio de las autonomías el tema de la colegiación, opinando que debería ser controlado por una disposición estatal. Al ser finalmente incorporada esta medida a la Ley aprobada, ha supuesto algo de tranquilidad a los Colegios. La colegiación obligatoria únicamente podrá establecerse por ley estatal, no autonómica, cuestión que afecta especialmente a nuestro colectivo.

La transparencia colegial y la Ventanilla Única

La Ley aborda también y, en este caso, con precisiones cuya finalidad resulta más comprensibles y, por tanto, asumible sin mayores reparos, aunque con plena consciencia de las importantes dificultades de ponerla en práctica, la importante cuestión de la transparencia y difusión pública de ciertas informaciones y decisiones colegiales.

Se expresa en la Ley que los Colegios estarán sujetos al principio de transparencia en su gestión. Deberán atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas. Respecto a las sanciones impuestas por el Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional, éstas surtirán efectos en todo el territorio español.

También se obliga a que los Colegios dispongan de una página web para que a través de la llamada Ventanilla Única,  los profesionales puedan realizar todos los trámites relacionados con la colegiación y su ejercicio, sirviendo, además de registro colegial de escritos, y de las quejas y reclamaciones contra el Colegio o sus colegiados.

La Ventanilla Única no se destina únicamente a facilitar el trabajo de los colegiados, sino que su propósito ofrece ventajas e información a todos los ciudadanos que, de forma gratuita, han de poder acceder al listado de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional. También se deberá poder acceder al registro de sociedades profesionales y conocer, por intermedio de la web colegial, las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional, así como los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.

Desde la página web del Colegio se podrán presentar quejas y reclamaciones contra los colegiados. En esa herramienta telemática ha de publicarse también la lista de colegiados y de sociedades profesionales inscritas y la Memoria Anual y el Código Deontológico de la profesión, cuyos cambios de contenido han de ser igualmente difundidos.

Los Colegios deben elaborar una Memoria Anual, que se publicará en esa web colegial dentro del primer semestre de año,  y que debe contener, al menos, el Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal –“suficientemente desglosados”, se expresa- y especificando “las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo”, así como las normas de incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que pudieran encontrarse los miembros de las Juntas de Gobierno.

Es obligatorio también publicar las cuotas que resulten aplicables, desglosadas por concepto y por tipo de servicios prestados, así como difundir las normas que se sigan para su cálculo y aplicación.Otros datos de obligada comunicación pública resultan ser ahora las relativas a la información estadística sobre la actividad de visado.

En cuanto a los procedimientos sancionadores, la web colegial proporcionará información agregada y estadística relativa a los mismos –tanto en fase de instrucción como en cuanto se haya alcanzado firmeza-, con indicación de la infracción a la que se refieren, de la tramitación seguida y de la sanción impuesta, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

También se ha de dar información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, del estado de su tramitación y, cuando procediera, de los motivos de estimación o desestimación de las quejas o reclamaciones, respetando la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

Una reflexión final

Estamos, en fin, ante una situación que obliga a replantearse con pragmatismo algunas de las actuaciones profesionales del colectivo de ingenieros de minas que quedan ahora sometidas a nuevas obligaciones o desprovistas de la protección o autonomía de actuación de que disfrutaban. Se hace necesario, en mi opinión, pensando en la mejor defensa de nuestros intereses, que los ingenieros de minas españoles actúen desde la unidad sin fisuras y con objetivos totalmente asumidos y compartidos, superando sesgos regionalistas, provocados, en realidad, por la esquizofrenia administrativa que implantó el desarrollo autonómico.

Parece conveniente dotar a nuestra representación de una coherencia absoluta, utilizando todo el peso específico que nos permita nuestro número, poniendo en pleno valor la competencia profesional del colectivo y su prestigio histórico, sin caer en la trampa de los localismos.

En la actualidad, los ingenieros de minas somos aproximadamente 4.000 profesionales, que estamos distribuidos en seis colegios regionales, de muy diferente entidad numérica y, por tanto, con grados de representatividad distintos.

La distribución geográfica actual de colegiaciones permite poner de manifiesto que los Colegios de Centro (que agrupan las Autonomías de Madrid, Castilla-León y Extremadura), y Noroeste (que agrupa a los colegiados de Asturias y Galicia), incorporan aproximadamente al 80% del colectivo.

Solamente ventajas podrían derivarse de la reagrupación en un Colegio único que, desde una perspectiva global, uniforme y completa de las actuaciones de todos los ingenieros de minas españoles, facilite la plena proyección de nuestra profesionalidad, y la difusión plena y coherente de nuestras competencias, actuaciones y logros, facilitando, por tanto, que la penetración más uniforme de nuestro colectivo en las diferentes regiones, de acuerdo con el desarrollo industrial y la población de las mismas.

Ello redundaría también en beneficio de la mejor comprensión por parte de las Administraciones públicas, empresas y particulares de nuestras completas –y muy amplias- capacidades técnicas, y supondría ofrecer una imagen consistente y sólida frente al creciente intrusismo profesional o los riesgos de competencia desleal, que ahora podrían provenir de todo el ámbito de la Unión Europea.

En este sentido, la Ley Ómnibus debería propiciar una reflexión de nuestro colectivo que supusiera el refuerzo del prestigio de nuestra histórica profesión, que tanto ha contribuido y contribuye a la plasmación de la España tecnológica moderna. Un objetivo que, como cabe esperar y en beneficio de toda la ciudadanía, no estará nunca completamente satisfecho, por su propia naturaleza;  y en el que nos encontraremos, en armonía y competencia leal, con otras profesiones que igualmente defiendan su capacidad y buen hacer.

 abril 2010

¿Podemos prescindir de los ecologistas?

En el Dia Mundial del Agua, como ya es tradicional, son muchos los comentarios que inciden en la necesidad de ahorrar el líquido, subir los precios como medida de concienciación, cuidar los ríos y lagos, devolviéndoles la calidad que tenían antes de que la masificación y el descuido los hubiera convertido en un vertedero.

Son reflexiones desde la abundancia, comentarios pedantes surgidos de la prepotencia que conduce al despilfarro y a la desidia.

No falta, por supuesto, la distante mención a quienes tienen la desgracia de no haber sabido a tiempo que su país albergaba riquezas naturales, aunque -mala suerte- la naturaleza no les proporcionó agua suficiente. Por eso, muchas mujeres tienen que recorrer decenas de kilómetros para recoger unos cuantos litros de líquido cada vez menos recomendable, y sobran las disputas entre vecinos por un trozo de tierra que pueda regarse.

En estos días en los que se ha dado por conmemorar la carencia de unos desde la abundancia lucida por otros (Día del Ambiente, del Agua, de la Tierra, del Clima, del Cáncer, de las Enfermedades Raras, de la Pobreza, de la Miseria, de la Paz, de la Cultura, etc.), se puede y debe meditar acerca de lo que haría falta suprimir, vencer, para que no hubiera más celebraciones.

La consciencia de una fortísima contaminación ambiental, especialmente en los países desarrollados, ha trasladado mucha tensión a los países más pobres, conducidos a un consumismo repentino y soportadores, además, del deterioro de su hábitat debido al desplazamiento de industrias contaminantes hacia su territorio, beneficiándose de un control permisivo o inexistente.

No exentas de oportunismo, han surgido multitud de organizaciones, aparentemente sin ánimo de lucro, que utilizan variados instrumentos, incluso argumentos, para difundir, sobre todo, la necesidad de un cambio en los comportamientos incrustados en los ciudadanos occidentales.

Menos energía y de tecnología menos sofisticada; ríos y lagos más puros en nuestros territorios; reciclaje de residuos y alejamiento de los más contaminados a otros patios; alimentos sin conservantes ni aditivos; etc.

Algunos profetas del avance tecnológico sin trabas parecen opinar que los que sobran para garantizar el desarrollo son los ecologistas. En absoluto. Hay ecologistas que pretenden ser los genuinos defensores de la naturaleza, frente al resto del mundo. En absoluto.

Ecologistas esenciales, por la cuenta que nos tiene, debemos ser todos. El día que desaparezcan los ecologistas profesionales, porque no sea necesario que nadie se arrogue sobre sus espaldas la exclusiva representación del ambiente, convencidos todos de que es el espacio común, y que su dominio es parte de nuestra propia naturaleza, seremos más humanos.

Pontífices desde el desconocimiento

El pasado 11 de marzo de 2011, Japón vió puesta (nuevamente) a prueba su ejemplar capacidad de resistencia, su sentido de la solidaridad, su asimilación del sufrimiento, y, sobre todo, su altura tecnológica.

Desde Europa como desde Estados Unidos, no faltan pontífices que elucubran acerca de lo que sucedió y porqué. Japón se ha visto confrontado con dos problemas de magnitud sobrehumana en la escala de los acontecimientos que suceden en este valle de lágrimas: el primero fue un terremoto de fuerza inimaginable que provocó -¡en quince minutos!- olas devastadoras que llevaron por delante a personas, vehículos y edificios.

El segundo fue una consecuencia: dos, al menos, de las centrales nucleares de las que se abastece de energía Japón han sufrido importantes daños. En el momento en el que redacto estas líneas, los expertos que trabajan para detener el proceso, han comunicado que es posible que se haya producido, en una de ellas, una fusión parcial del núcleo del reactor, por lo que se ha activado el nivel de emergencia cuatro, que supone la evacuación de la población local, ante el riesgo de que se puedan producir niveles de emisión radioactiva superiores a los que serían soportables sin consecuencias para los seres humanos.

No faltan, ante esta última situación, en nuestro país de las maravillas, dos tipos de declaraciones: las de los detractores de la energía nuclear, que aprovechan el momento para denunciar los peligros de esta forma de producción de energía, previniendo sobre todos los males del infierno y repitiendo que debe abandonarse -en todo el mundo, supongo- la generación eléctrica mediante este proceso; y, en otro lugar del espectro mediático, los defensores o eruditos en esta técnica que, desde la distancia -y, desde un parcial conocimiento de la cuestión, pues en España no tenemos grandes expertos en el tema (y que me perdonen mis colegas, que siguen alardeando de haber sabido mucho hace 20 o 30 años)- ilustran con suficiencia sobre lo que hay que hacer, pertrechan con palabros el deseo de que los riesgos estén controlados o interpretan son académica solvencia la teoría de lo que está pasando allá en Japón.

Calma, señores. Tengamos confianza en los expertos japoneses y, sobre todo, sepamos esperar a que la situación se clarifique para sacar los tanques mentales a la calle. Entretanto, yo lo que hago es cruzar los dedos para que la Naturaleza no se cebe más con ese querido y admirado país y que sus excelentes profesionales encuentren, de lo que estoy seguro, la llave para salir del atolladero.

Manuscrito encontrado en un callejón sin salida (y 2)

(El manuscrito a que se hace referencia en el Comentario anterior, proseguía y terminaba de esta manera:)

Si admitimos que no es lo más importante, con ser para algunos acuciante y para otros intangible, profundizar en la respuesta a lo que supondría la relación de nuestra existencia con un hipotético proyecto de otros seres que hubieran definido y se dedicaran a controlar nuestros grados de libertad, sería muy sensato dirigir nuestro esfuerzo hacia lo que podemos hacer, con la capacidad que reconocemos en nosotros y en nuestros semejantes, para conseguir que su vida y la nuestra (lo único seguro que tenemos) sea lo más satisfactoria posible.

Poco podemos hacer individualmente para cumplir ese objetivo. Aunque no he tenido la oportunidad de intimar personalmente con ningún genio (aunque sí con algunos individuos con inteligencia, conocimientos y aptitudes superiores a la mía), me he convencido de que incluso con las más altas facultades, los avances han sido escasos y discontinuos, a salvo de unos pocos descubrimientos que impulsaron (si bien, en general, hubiera sido mayor el ámbito de lo que hubieran podido mejorar respecto a lo alcanzado) el bienestar del ser humano .

Los hallazgos no son únicamente técnicos, sino también afectan a los conocimientos humanísticos y sociales: el descubrimiento del motor de explosión, con lo que supuso de potenciación drástica de la capacidad de desplazamiento; los avances en medicina y tratamiento de patologías, que permitieron alargar la vida y mejorar la satisfacción durante ella; la posibilidad de integrar los conocimientos de la evolución de la historia de la Humanidad y de otros seres, investigando diversos eslabones que nos acercan al conocimiento del proceso de la evolución y, seguramente, de sus razones; la potenciación de las capacidades de acumulación de información, su difusión y tratamiento ordenados...y, no en último lugar, la mejora de la capacidad para escudriñar el espacio cósmico y la realidad nanomensurable, ampliando nuestros horizontes tanto en lo grande como en lo pequeño.

Pero estos avances son, desde la perspectiva de lo que nos queda por conocer, nimios. Para avanzar más rápido, sería necesario contar con el trabajo conjunto de los mejores, y que dispusieran  de medios económicos, suficiente tiempo y tranquilidad, voluntad de continuidad y perspectiva histórica, para llegar a cualquier nueva conclusión fértil.

Una conclusión que, en su dimensión más intengradora, más incisiva, nos debería permitir a  todos -al menos teóricamente- establecer con seguridad dónde se encuentra el contrapunto, la frontera del yo colectivo, suponiendo, tal vez, una vía alternativa, una opción de escape a lo que, hasta ahora, no tiene más realidades que la de la muerte. La muerte personal y la de las civilizaciones, la destrucción catastrófica de cualquier empeño humano, entendida no solo como la fácil demolición definitiva del yo, del ego,  como también del tanatos final de cuanto nos ocupó y preocupó colectivamente (por supuesto, también a escala individual), sepultando en el olvido, el caos, la nada, esfuerzos y méritos.

Esa y no otra es la enseñanza cruel de la historia de la humanidad, en la que los logros parecen estar siempre dominados por fronteras invisibles hasta que es demasiado tarde para no chocar contra ellas: cambio climático, hoy; pero ayer fueron "diluvios universales", caídas de imperios, guerras mundiales, cataclismos inexplicados que sepultaron civilizaciones dejando de ellas muy poco rastro...

Entiendo que la culpabilidad mayor de este proceso es que hemos estado siempre lejos, los seres humanos, de formar una unidad con un objetivo compartido. Las preocupaciones materiales han ocupado (incluso enmascaradas con hipócritas objetivos presentados como trascendentes) lo sustancial de los esfuerzos de quienes tienen el control de los medios de producción, incluso intelectuales.

La obtención de la mayor cantidad de bienes materiales, vinculados al disfrute personal o de la familia y amigos, ha sido la guía constante de actuación de lo más granado de las generaciones anteriores y lo es aún más de la presente, orientada hacia el placer de lo inmediato.

Si observamos lo que está sucediendo ahora, nos encontraremos con que un mínimo porcentaje de seres humanos controlan la riqueza, su reproducción, el pensamiento y su difusión, la selección por capacidades y méritos de todos los demás. Incluso los países, instituciones y líderes que alardean de perseguir la corrupción, apoyar la igualdad de oportunidades o defender la libertad y la cultura, no están libres de los embates y la fuerza convulsiva de esa hidra que está firmemente instalada en la estructura social, que combina corrupción, nepotismo, falsedades y desprecio hacia lo que significa libertad de pensamiento y emisión de juicios incondicionados.

La realidad no deja margen al optimismo. Esa inercia complaciente no podrá vencerse jamás, porque se reproduce con una fuerza mucha mayor que cualquier otra, asentada como está en la naturaleza humana dominante, y orientando los objetivos de la dominada.

Aquí y allá, esporádicamente, se podrá encontrar algún ejemplo por el que se castiga la falta de ética. Pero no será nunca general, jamás será la vencedora porque, junto con el nihilismo, el hedonismo, el egoismo y la insidia, la falta de moral es propia del individuo perteneciente a la clase dominante, siendo excepción el que obra conforme a la ética universal y, por ello, en tantas ocasiones como sea necesario, se verá marginado, vituperado, condenado al sufrimiento e incluso asesinado.

Las oportunidades para disfrutar de un buen nivel de vida y una aceptables satisfacción intelectual y social, dependen, fundamentalmente, del nacimiento. Pocas opciones de llevar una existencia placentera existen para la inmensa mayoría de los seres humanos.

Para esa multitud dominada, la única posibilidad de irrumpir en la escala más alta de la sociedad, reside en evidenciar una capacidad personal notoria (belleza, fortaleza o habilidad, inteligencia) y que esta sea reconocida por alguien de los que se encuentran arriba de la pirámide de decisores, y que lo adopte como su valedor o mecenas.

Para quienes forman parte de la élite social, mantenerse en ella es muy sencillo, e incluso algunos pueden permitirse (y así lo ejercen) el lujo de defender opciones contra su natura, que, por lógica, les debería llevar a la autoreproducción de su estatus. La actuación de estos individuos, que aparentemente traicionan a los suyos, ha de ser siempre mantenida bajo sospecha.

Solamente la difusión de un espíritu de reforma colectivo, surgido de las clases social y económicamente dominadas, podrá cambiar la sociedad y reenderezar el objetivo que puede conducir a la redención de la especie humana frente a la fuerza que controla la naturaleza. Para ello, habrá de asumirse la condición de perecedero del individuo y la importancia de lo colectivo, como entidad superior capaz de confrontarse válidamente con el mundo exterior.

No parecemos estar próximos a la consecución de esa idea, que cabe imaginar como utópica.

Si crees que este mensaje tiene algún interés, difúndelo. En otro caso, sigue pedaleando en el callejón sin salida.

Manuscrito encontrado en un callejón sin salida

(Este manuscrito fue encontrado, arrugado, puede que pisoteado y bastante sucio, en una cartera de mano abandonada en un callejón oscuro, sin salida. Tratado con sumo cuidado por quien lo descubrió, reconstruídas o imaginadas algunas partes que se encontraban ilegibles, fue cumplido el deseo de dejarlo en sitio adecuado para que otros lo pudieran leer. Se ofrece aquí, para mayor difusión, con riesgo de haber puesto algún punto o quitado alguna coma, la transcripción literal del mismo)

"Estimado amigo:

Llegado ese momento en la vida en la que uno se da cuenta que la mayor parte de las personas de su misma edad,  están jubiladas, cansadas o prematuramente fallecidas, conviene sentarse a tomar el fresco a la puerta de la casa y reflexionar unos instantes sobre lo que se tiene entre las manos.

Por cierto, tengo que dejar claro que no he elegido a nadie en particular como destinatario de esta carta, por lo que la he depositado en el primer buzón que encontré. Sea cual fuere el lugar en el que ahora se encuentre esta Nota, debes reconocer que solo tu curiosidad y tu inteligencia serán culpables de su interpretación. En cualquier momento, puedes abandonar la lectura, y nadie lo echará de menos ni reclamará tu opinión. Eso sí, te ruego que, en lugar de destruirla, vuelvas a introducir la carta en la cartera, y permitas así que otros la lean.

No voy a apelar a la supuesta autoridad moral que da la edad, ni expresar la ventaja de quien tiene ya poco que ganar o perder.  Ni se me ocurre. No creo que mejore la perspectiva para juzgar cuanto preocupa a nuestros congéneres, expresar que se viene de vuelta de lo que tantos se afanan en buscar.

Lo único que puede hacer interesante la experiencia ajena es tener la voluntad de desvelar la verdad que se trata de ocultar y a cuya ocultación, en ocasiones, todos estamos contribuyendo.

Me gustaría empezar diciendo que soy una persona creyente, que tengo confianza en que exista un ser superior a nosotros y que está velando por cuanto hacemos, dispuesto a premiarnos o castigarnos cuando llegue el momento de nuestra muerte.

He hablado con muchos iluminados, con sacerdotes, bramanes y representantes de las más variadas religiones y sectas, y ninguno me ha convencido. Muchos hacen referencia a libros sagrados, pretendidas revelaciones del más allá, combinando espíritus angélicos y manifestaciones de lo metafísico, pero nada de lo que ha quedado escrito parece realmente digno de figurar entre las expresiones de un ser superior, ni sus comunicaciones tienen un valor decisivo.

¿Qué importancia tiene, al cabo, la posibilidad de que un ser del otro lado de la física decida incorporarse a nuestro mundo, para darnos ejemplo de comportamiento, qué valoración puede hacerse cabalmente de lo que podamos entender como milagro, si son tantas las expresiones de la naturaleza que aún no conseguimos explicar?

Sé que para algunos es precisamente lo mucho que ignoramos los seres humanos, a pesar de los avances científicos, lo que les anima a pensar que alguien superior a nuestra naturaleza está dirigiendo todo. ¿Y qué? ¿Mejora en algo la condición de una hormiga, pongo por caso, el que conozca o no la existencia del oso hormiguero, o a los efectos, del elefante cuya providencial defecación está dando sustento a toda la colonia?

No. Lo que cambiaría las cosas es la realidad de una comunicación entre lo merífico y lo tangible, y esa, mal que pese a los que pretenden estar en conexión con el más allá, no existe, no ha podido ser probada fehacientemente jamás, no ha conseguido, en cualquier caso, resultado apreciable alguno.

(seguirá)

Arco 2011: Reflexiones sobre el valor de una Feria de Arte

La Feria de Arco de este año 2011 refleja algunos cambios respecto a las inmediatamente anteriores, y la propaganda oficial -es decir, todo el elenco de críticos- coincide en que la nueva dirección ha conseguido introducir elementos revitalizadores. También se indica que los resultados económicos para los galeristas han sido mejores de lo esperado y que el ambiente general es de satisfacción.

No tengo elementos para juzgar ni las perspectivas de los feriantes antes del acontecimiento, ni he hecho, por supuesto, ninguna encuesta. Los comentarios que he podido sorprender al vuelo entre los galeristas no confirmarían una impresión tan optimista, aunque pueden ser apreciaciones sin el menor valor: al fin y al cabo, no eran el resultado de preguntas directas, sino el resultado de la observación de curioso impertinente, que se colaba, con cara de despistado, (y conocimiento de algunos idiomas) en las cercanías de quienes se hallaban haciendo sus balances de final de feria con sus ordenadores portátiles desplegados sobre las mesas.

Pero como visitante despreocupado de seguir los flujos de la mayoría dócil, admirador del arte por su valor pero no impresionable por su precio y, sobre todo, como interesado en las manifestaciones artísticas (también como pintor), ofrezco -para lo poco que valga- mi particular visión.

1. Arco carece de personalidad propia en el mundo del arte y, en particular, como portavoz de las corrientes artísticas y, aún menos, de los artistas más relevantes. Es, desde luego, muy difícil para un galerista seleccionar algunas obras para una Feria, en especial si se trata de aquellos que trabajan habitualmente con varios artistas. Pero de ahí a recoger unos cuantos títulos, mezclando lo disparatado con lo honesto...

No pretendo descalificar, en bloque, a los galeristas españoles, porque sería una insensatez y una injusticia. Ahí está, como ejemplo, la galería Estiarte, de Pilar Serra o el encomiable esfuerzo de la instalación de Espacio Mínimo.

Los galeristas extranjeros acuden a Arco, sobre todo, para darse a conocer a los compradores locales. No tienen mucha información (por lo que parece) sobre los gustos que imperan por aquí. Están, eso sí, muy bien dispuestos para dar mucha información sobre los artistas, precios de sus obras, y otras vidas y virtudes. Y es de agradecer, porque muchos de ellos demuestran una experiencia en el mercado del arte de la que deberían aprender algunos galeristas hispanos.

2. Considerada en su conjunto, como muestra artística, Arco 2011 sigue pareciéndome un mosaico de ejemplares de la creatividad destinado a la doble e incompatible función de llamar la atención del potencial comprador y presentar obras de valor real.

Hace ya tiempo que, siempre en mi opinión, el valor del arte está gravemente amenazado por elementos ajenos. Orientado hacia la venta más que hacia la manifestación de la creatividad, se ha colado en el negocio del arte el gusto por lo simplemente decorativo, el asombro ante el pastiche, la búsqueda de la atención utilizando desde lo grosero, lo pornográfico, lo insólito o, no en último lugar, lo vulgar y objetivamente inane.

Por eso, encontrar aquí y allá artistas que expresan o quieren expresar conceptos, ideas, que reflejan la realidad existencial de forma más avanzada que simplemente trazando líneas en un lienzo o claveteando maderas en la pared, será siempre un reecuentro agradable para quienes, como yo, siguen creyendo que la obra artística es un proceso de creación en el que se combinan la inspiración y el saber hacer.

Es, por tanto, algo que está al alcance de muy pocos.

(Nota: En la fotografía que ilustra este Comentario, unos niños pintaban en tiza sobre un lienzo puesto a disposición de la expresividad de los transeúntes. Supongo que algunas manos adultas, incluso posiblemente de artistas, habrían ayudado a generar algunas figuras.

No me importa el camino seguido, pero el resultado es, en mí, similar al que me provocan otras muestras presentadas por los galeristas: no significa nada, no me dice nada, no me asombra, ni me seduce, ni me tranquiliza, ni me inquieta, ni me gusta...salvo que me pudiera llevar el conjunto dinámico y entretenido de los niños, la figura vigilante de la guapa mamá...que, es, en realidad, lo que pretendí hacer, simbólicamente, al retratar el conjunto con mi móvil)

Qué hacer si encuentra una cartera, joya u otro objeto perdidos en el Metro de Madrid

Ayer (10 de febrero de 2011), saliendo del metro desde la Línea 4, encontré un abultado billetero con diversa documentación y tarjetas de crédito y otros efectos personales, que permitían identificar perfectamente a su dueño. Estaba abandonada sobre un banco.

Pensando que su dueño la echaría en falta de inmediato y acudiría a reclamarla a la estación de Metro donde sospecharía haberla perdido, me dirigí a la persona que estaba encargada de la venta de billetes y le expliqué que le entregaba la cartera, indicándole que contenía datos más que suficientes para llamar al propietario, pero que suponía también que vendría a buscarla sin tardanza.

Hoy me he interesado sobre la resolución del caso, en la misma ventanilla y ante otra empleada, para cerciorarme que se había entregado a su dueño. Ella se dirigió a un cajón de un armario que se encontraba en su dependencia, y me indicó, en efecto, que "la cartera estaba allí, y que le comunicarían a objetos perdidos el hallazgo".

Extrañado porque no hubieran llamado al propietario, y a  mi pregunta concreta, me respondió que "no habían llamado a nadie, porque no tenían teléfono en la cabina". Parece que el protocolo no prevé cómo actuar en un caso como éste.

Me siento estúpidamente responsable de haber provocado que un angustiado ciudadano que creerá que le han robado su cartera y lo habrá denunciado, no sepa a estas alturas que está depositada en las enmarañadas manos de la burocracia de Metro.

Si se encuentran en esta situación, por favor, llamen Vds. mismos al propietario. Y si no pueden identificar al dueño, acudan a una oficina de policía, en donde -supongo- tendrán un protocolo más eficiente, en relación con el objetivo que debería pretenderse: restituir el bien a su legítimo dueño y tranquilizarle lo antes posible por la pérdida.

Aunque, puestos a dudar de la eficacia y del sentido común de una parte de lo que nos rodean, tal vez lo mejor sería crear una oficina ciudadana de objetos perdidos que actúe con la mayor diligencia, y con interés por solucionar cada caso, no en sacudirse de encima cualquier problema.