Jugando en corto: El Ministerio de Vivienda entra en la cacharrería
Beatriz Corredor, la ministra de Vivienda del Gobierno de España, es una mujer delgada, con aspecto de ser concienzuda, tenaz y algo nerviosa. Vistió una chaqueta verde tapete de juego de póker y un pantalón crema algo ajustado para presentar, en el Foro de Economía de Cinco Días su programa de medidas contra la grave crisis del sector.
Empezó su disertación un poco acelerada, leyendo lo que traía escrito, y acabó contestando a todas las preguntas que le trasmitía el moderador con aire de dominar cada vez mejor el espacio, convenciendo. Ventajas de quien desde el principio admitió que la situación es gravísima, que no tiene bola de cristal para saber cómo va a continuar, y que lo que le preocupa no son tanto los empresarios caídos del sector, sino los ciudadanos de a pié que necesitan de una vivienda.
No dejó de referirse a la subida de los precios de la que se disfrutó durante los últimos diez años, con un incremento del suelo del 500%, y que motivó que la evivienda fuera refugio seguro a la inversión y utilizado como medio para enriquecerse e incrementar el pasivo. Sin embargo, para ella, lo idóneo sería que el sector de la vivienda siguiera paralelo a las evoluciones del ipc, y lo ocurrido en los últimos doce meses, con un incremento en los precios de vivienda del 2,4% le parece cercano al óptimo.
Tuvo un guiño la ministra hacia las empresas del sector, en las que dijo confiar, "que han tenido que convivir con especuladores profanos", en un sector que ha significado el 7,5% del pib en 2007, y que alcanza hasta el 18% cuando se considera todo el conjunto de la actividad constructora.
Repartiendo afectos, también expresó su "confianza y fortaleza en el sector financiero español, que tiene la obligación de aprovechar esta situación transitoria" y superar la difícil coyuntura. El Gobierno "no pretende influir distorsionando la economía de mercado inyectando ayudas a las empresas en crisis", sino elevando a 1,5 millones el número de viviendas protegidas, aumentando así la oferta de alquiler.
Esta parte del razonamiento me resultó confusa. Si sobran viviendas en relación con el mercado, ¿por qué contribuir aún más, con dinero público, a su deterioro, ofreciendo más habitáculos y comprando suelo?
Se está trabajando, dijo, en el reglamento de desarrollo de la Ley de Suelo de julio de 2007, que obligará a someter a información pública todos los convenios urbanísticos, y la identificación de los promotores, así como la disponibilidad previa de agua, dedicando un mínimo del 30% a vivienda protegida.
El problema básico a resolver, según el Ministerio, es la escasez de "suelo urbanizado", por lo que mantendrá conversaciones para movilizar suelo con los Ministerios que "poseen grandes cantidades" y con la FEM. Se hará una oferta pública de adqusiicón de compra de suelo por Sepes, que añadirá 300 Millones de euros a sus disponibilidades normales, como una primera oferta.
Se detuvo la ministra en explicar el procedimiento, que supondrá una invitación a presentar ofertas, en octubre, con un plazo de 3 meses, que serán sometidas a estudios de viabilidad, reservándose Sepes la opción de compra por otros 6 meses, y valorando la disponibilidad para trasferencia inmediata, la ubicación en poblaciones con mayor demanda de suelo y la relación de precios de compra respecto a la oferta de vivienda, siguiendo modelos de vivienda protegida.
En cuanto a la rehabilitación, el Plan Renove, a través del ICO, movilizará 200 millones de euros/año para este capítulo. De las 25 millones de viviendas existentes en España, más de la mitad superan los 30 años. Por su parte, el IDAE estima que la aplicación estricta del Código Técnico de la Edificación supondría un ahorro energético del 30 al 40%.
No se olvidó de referirse al ámbito rural, en el que viven 18 millones de personas (más del 40% de la población). Se desarrollarán Planes de estímulo en coordinación con la Comisión de Desarrollo Rural, pretendiendo recopilar en un solo tecto las Políticas Urbanas y las de Desarrollo Sostenible, generando también un Marco Regulatorio Básico para la Rehabilitación Urbana, promoviendo el uso más eficiente del patrimonio existente.
Mucha tarea por delante, y un buen talante por parte de la Ministra. La cacharrería del sector de la vivienda, en la que se han estado cometiendo tantos errores, aguarda, convulsa y expectante, la plasmación de ese cúmulo de buenas voluntades, mientras el chaparrón arrecia, pero el aviso para navegantes no pudo ser más explícito: "El dinero público no está para resolver problemas de las empresas en crisis, sino para medidas estructurales".
No sé quién asesora a la Ministra, pero su discurso tiene cierto tufillo a que algunas de las ideas no han sido contrastadas con las necesidades reales del mercado que, no hay que olvidarlo, lo conforman promotores, constructores y, por supuesto, los clientes. Si el Estado se decide a intervenir en el sector, habría que cuidar todas las consecuencias de una actuación pública. Las viviendas de protección oficial han supuesto siempre un elemento más de especulación y una distorsión real sobre las leyes de la oferta y la demanda, de la que no siempre -ni mucho menos- han sido favorecidos los más humildes...
2 comentarios
Administrador -
Guillermo Díaz -
Es absurdo que este órgano pretenda adquirir suelo privado cuando hay una gran cantidad de suelo público. De otra parte si hay mas de un millón de viviendas construidas y que están sin vender, por qué no se buscan fórmulas para gestionarlas con protección oficial.
Ufff. ojalá tengas razón.