Al socaire: Algunas reflexiones sobre desarrollo local en América Latina

No será una novedad para quienes están trabajando en los sectores de agua y residuos en relación con los países en desarrollo, expresar que el esquema que venía favoreciendo la incorporación de las empresas privadas a la gestión de los servicios públicos presenta grietas por varios costados.

En primer lugar, la pretensión de trasplantar, sin adaptarlo suficientemente, el "saber hacer" europeo en la administración pública de las utilities a la idiosincrasia política de las economías emergentes, se ha encontrado con la debilidad de sus estructuras administrativas, la ausencia o deficiencia de los marcos legales, la escasa preparación funcionarial y, por supuesto, la escasez de recursos.

En segundo lugar, el modelo simplemente mercantilista de las empresas de gestión con las mejores tecnologías, convertidas en multinacionales necesitadas de avanzar en la facturación y mantener los márgenes económicos como fuera, ha chocado con las necesidades sociales, la escasa capacidad de pago por los servicios, la ausencia de regímenes tarifarios y, en fin, la falta de una planificación urbana que marcara las guías de preferencia para las inversiones necesarias.

Aunque la presentación del problema que hago aquí es, conscientemente, simplista, la confrontación de la realidad con la petulancia ha llevado a la desconfianza recíproca, y al fracaso sonado de muchos de los modelos adoptados como plataforma de salvación para mejorar rápidamente las características de los servicios públicos en las poblaciones ubicadas en los países menos desarrollados. Hoy día, pocos creen, éspecialmente en Latinoamérica, en las ventajas de la gestión privada de los servicios públicos. Sin que sea necesario citar casos concretos, se habla de escandalosas subidas de tarifas que motivaron respuestas sociales airadas, inversiones comprometidas y no efectuadas, quiebras del modelo de gestión por falta de cualificación en los envíos de personal desde las empresas matrices.

Ni qué decir tiene que abogo por encontrar un modelo intermedio, en el que se utilice la cualificación tecnológica de las empresas especializadas en gestión de agua o residuos -que resultaría imposible obtener desde los municipios, especialmente los de tamaño menor a 100.000 habitantes- y se garantice suficiente control de la administración pública y de sus representantes democráticos, para evitar el enriquecimiento injustificado de los actores o la venta como nuevos de viejos burros ya inservibles. 

En mi próximo comentario precisaré estos aspectos.