Dificultades de Aplicación del principio de San Floriano a la gestión de los residuos radioactivos
Este artículo ha sido publicado en el la revista Tecnoambiente (junio 2006):
La oposición a la energía nuclear (de fisión) centra sus principales argumentos en los riesgos de funcionamiento de las centrales de producción. La percepción de ese riesgo por la población mundial, y muy especialmente en Europa, ha crecido desde el accidente de Chernobil (1986), y había ya sufrido una llamada de atención por el incidente de Three Mile Island (1979) –aunque al no provocar víctimas, y ocurrir en otro continente, no alcanzó el mismo efecto mediático. Para la población española, el escape de Vandellós II (1989) ha sido también muy significativo para configurar el temor a una catástrofe asociada al empleo pacífico de esta fuente de energía. En nuestro país, con todo, la influencia más determinante sobre el debate nuclear la protagonizó el grupo terrorista ETA, que irrumpió en la entonces incipiente polémica realizando varios atentados y asesinatos entre 1978 y 1982, cuando se ejecutaban por Iberduero las obras de la central de Lemóniz.
Esta actuación irracional conformaría el telón de fondo de la moratoria nuclear que se decretó por el gobierno del PSOE en 1984, y a la que puso fin la Ley del Sector Eléctrico de 1994, ratificada por el Protocolo Eléctrico de 1999. Una buena parte de los datos utilizados hoy en España son adaptaciones de los publicados en otros lugares, tanto por quienes están a favor como en contra de esta forma de energía. Los argumentos contrarios a lo nuclear, elocuentes y fáciles de transmitir, han creado una base sólida de rechazo, mayoritaria, en amplios sectores sociales. Existe, sin embargo, un grave vacío de comunicación entre políticos, científicos y resto de la sociedad, y falta un trasvase cualitativo de conocimientos desde los expertos a los ignorantes, circunstancias que han creado un permanente conflicto de opiniones que no parece en absoluto fácil de superar en los próximos años. Los defensores de la opción nuclear son calificados de anti-ecologistas, y la izquierda política se considera que han de ser, por naturaleza, anti-nuclear. Estas asociaciones que, para algunos distan mucho de ser consistentes, dan idea, por sí mismas, de la confusión existente.
En este contexto de opiniones encontradas, me he permitido invocar a San Floriano en el título de mi artículo. El „principio de San Floriano“es un perfeccionamiento del principio reflejado con el acrónimo NIMBY (Not In My Backyard). Sirve para reflejar aquellas situaciones, que no pueden dejarse sin solución, en las que todos defienden su lógica sin que les sea posible admitir ninguna razón a los demás, con la consecuencia de que el bienestar de una colectividad regida por este principio sería imposible, conduciendo a situaciones de bloqueo, o únicamente podría conseguirse como el producto residual de todas las utilidades o valorizaciones rentables de sus grupos de interés, o a la menor pérdida de bienestar conjunto, cuya búsqueda sería el elemento orientador para encontrar una salida imprescindible a estos conflictos.
Una técnica de producción madura que no tiene resuelto el tratamiento de sus residuos
Las centrales nucleares son presentadas, en general, como soluciones técnicamente maduras, concebidas con un alto nivel científico, altamente fiables en sus prestaciones, significando una opción económicamente interesante para producir energía eléctrica, tanto en los países industrializados como en aquellos otros que puedan adquirir la tecnología adecuada. Desde el punto de vista de sus emisiones a la atmósfera, resultan favorables en relación con las alternativas basadas en los combustibles fósiles, por lo que resultan una ayuda estimable para reducir la contaminación global por gases de invernadero, añadiendo holgura al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la firma del Protocolo (hoy Tratado) de Kyoto.
Por muy fervientes defensores que sean de su opción, los partidarios de la opción nuclear no pretenden elevar a esta fuente de energía a la categoría de monopolio: una central necesita al menos 10 años de construcción, y para compensar todo el petróleo y el carbón que se consumen hoy en el mundo, habría que construir antes del año 2030 más de 4.700 reactores de 1 Gwe, opción inviable tanto por la imposibilidad de obtener el uranio necesario, como por el tratamiento inabordable de los desechos radiactivos que se generarían. En España, las estimaciones apuntan a que el consumo total de energía eléctrica crecerá en el horizonte del 2010 un 24%, por lo que se necesitaría producir 25.000 MWe adicionales. Ni los más pro-nucleares apoyan construir en tan corto plazo unas 25 centrales nucleares adicionales, ni los anti-nucleares más realistas entienden factible alcanzar esta producción en tan corto plazo solo con energías alternativas, y la mayor parte de los especialistas dan escasa viabilidad a reducir tan drásticamente el consumo.
Por supuesto, si se produjera el desmantelamiento total de la producción nuclear en España, el marco energético nuevo supondría una revisión sustancial de la situación actual. Este artículo no pretende participar en la polémica sobre la seguridad de las centrales nucleares como centros de producción. Evaluar el riesgo de estas centrales es un cálculo extremadamente complejo. Se han de considerar no solamente las probabilidades de que ocurra un accidente o incidente concretos, en cualquiera de las fases de producción, sino que, como segundo factor de la valoración, hay que analizar las consecuencias de cada incidente sobre la salud de los posibles afectados, la economía de los agentes, las pérdidas de producción e incluso estimar los costes sociales directos e indirectos.
La primera parte de la ecuación es la que resulta más controlable, aunque nada sencilla, porque conduce a analizar la fiabilidad ante el fallo de un sistema de sistemas complejos, a partir de los datos de comportamiento de los elementos individuales, mejorando su respuesta con programas de mantenimiento preventivo, controles de seguridad, simulaciones de fallos, y múltiples redundancias. La Nuclear Regulatory Commission (NRC) se impone como objetivo limitar la probabilidad de que suceda un accidente en una central nuclear por debajo del 1% del riesgo en cualquier otra central de producción eléctrica. La segunda parte de la ecuación está sometida a múltiples influencias imaginativas, en las que los factores catastrofistas pueden amoldarse al gusto de cada cual, reduciendo las soluciones que podrían adoptarse desde el principio de San Floriano.
Los detractores del programa nuclear indican que si se produce el accidente de explosión del núcleo en una central nuclear quedarán dañadas más personas que por la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki, y que el accidente de Chernobil supuso costes superiores a tres veces los beneficios de cualquier otra central nuclear que hubiera estado en funcionamiento durante 35 años. Los defensores dirán que esta circunstancia no se va a producir nunca, porque los escasos accidentes habidos fueron causados por negligencia o inobservancia de las estrictas medidas de seguridad previstas. La continuación de los argumentos de una y otra parte puede encontrarse recurrentemente en los medios de comunicación. La producción de energía con base nuclear y el tratamiento de los residuos son dos partes ínter influenciadas de un aparente mismo problema; no es así. La decisión política acerca del mix de producción energética más conveniente para España habrá de ser tomada, por lo que parece, en el contexto de una fuerte oposición a la energía nuclear, perfilándose como opción más probable, la de prolongar la vida útil de las centrales existentes, ganando horizonte temporal, impulsando las energías alternativas, y estableciendo medidas incentivadoras al consumo. Pero los residuos nucleares existen y se incrementarán, cualquiera que sea la decisión que se adopte. Esta situación centra el énfasis sobre la forma de tratar los residuos radioactivos, y, en especial, los de mayor actividad.
Panorámica de la gestión de los residuos radioactivos en España.
La gestión de los residuos radiactivos se financia en España a través del denominado Fondo para la financiación de las actividades del PGRR (V Plan General de Residuos Radioactivos) en la redacción de Julio de 1999. Su ordenación se ampara en el RD 1349/2003, que regula las actividades de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. (ENRESA) y su financiación. La Convención Conjunta sobre la Seguridad de la gestión del combustible gastado y sobre la Seguridad en la gestión del combustible nuclear analiza, con periodicidad y pretensión de exhaustividad, algunas de las materias objeto de este trabajo, que ha de considerarse como sincrético de los múltiples y complejos aspectos del tema.
El valor del Fondo al 31 de marzo de 2005 era de 1, 7 Mil Mill. €, estimándose que, en euros de base el año 2006, el coste del Plan para el período 1985- 2070, sería de 13.208 Mill € (2006), siendo el coste medio del programa a partir de 2006 de unos 150 Mill € (base: 2006). El Fondo se concibe teóricamente para que, al finalizar los desmantelamientos nucleares ya realizados o previstos, los costes de tratamiento y transporte de los residuos equilibren a los ingresos resultantes. Sus ingresos proceden de la facturación a las empresas propietarias de centrales nucleares de los costes de tratamiento de los residuos radiactivos (incluído el combustible usado), posteriores al 30 de marzo del 2005; la recaudación por la tarifa eléctrica compensadora de la gestión de estos residuos con anterioridad al 1 de abril de 2005; los ingresos de gestión del centro de Juzbado; y la facturación a otros titulares de las instalaciones radiactivas generadoras de residuos. La evolución del Fondo es seguida por un Comité de Seguimiento y Control, creado por el R.D. 404/96.
Responsabilidad colectiva en la Gestión de los residuos radioactivos
Los riesgos vinculados a la producción de energía nuclear en las centrales, deben desligarse del riesgo relacionado con la manipulación de las materias primas antes de la central y, muy en particular, con los residuos nucleares y su tratamiento. Además de tratarse de riesgos de diferente naturaleza, la situación creada por los residuos nucleares no admite ni moratorias ni frontales oposiciones ciudadanas, porque ha de ser resuelto en cualquier caso. Afecta tanto a los países partidarios de la opción nuclear, como a los que han decidido suspender su producción y alcanza incluso a los que no han tenido hasta ahora ningún programa nuclear. Aunque se han realizado indudables avances, la realidad científica es que no existe en la actualidad una alternativa absolutamente fiable para el control definitivo de los residuos de procedencia nuclear producidos, que, en ciertos casos, mantendrán su toxicidad durante millones de años.
En consecuencia, el mundo tiene un problema real de naturaleza dispersa y magnitud creciente, que es más intenso en los países generadores pero que, en la medida correspondiente, afecta a todos los países. Los más de 440 reactores nucleares actualmente en funcionamiento en 31 países del mundo (104 de ellos en Estados Unidos, 59 en Francia, y 31 en Rusia), se verán pronto incrementados con otros 25 reactores en construcción, y con una capacidad conjunta próxima a los 400 GW, tienen ya una demanda total de mineral de uranio de unas 75 kt de U contenido. Cada reactor de agua ligera con capacidad de l.000 MWe necesita anualmente 25 t de óxido de uranio (U3O8) enriquecido, que supone la extracción y molienda de unas 50.000 t de mineral. Por reactor, unas 25 t de combustible gastado son extraídas cada año del núcleo, y deben ser consideradas en su totalidad como residuo radioactivo de alta peligrosidad, que tiene que ser almacenado durante varios años en piscinas de refrigeración en el mismo emplazamiento del reactor antes de decidir cualquier otra ubicación.
Algunos países tienen mayor experiencia que España en el tratamiento de los residuos nucleares, pero se trata de una forma de gestión que se alimenta con la experiencia y una costosa investigación. Los residuos radioactivos han sido manejados en ciertos casos con lo que ahora consideraríamos total incompetencia o temeridad, incluso por países hoy pioneros en la seguridad nuclear. En Francia existen más de 50 millones de t de residuos mineros acumulados durante 40 años de extracción a cielo abierto o con diques de contención convencionales que, aunque débilmente radioactivos, contienen radioelementos de vida muy larga, como el Th 230, cuyo período es superior a 75.000 años, y durante bastante tiempo (a escala de vida humana) no se prestó adecuado control a algunos productos de la descomposición del uranio, como el radon, gas tóxico de fácil dispersión. En Gabón, suministrador hasta hace pocos años de mineral de uranio, los residuos fueron vertidos directamente al lecho del río Ngamaboungou hasta 1975, con el apoyo del organismo gestor de residuos nucleares francés (Comuf, filial de la Cogema)
Tratamiento seguro de los residuos radioactivos
Incluso aunque España decida la suspensión definitiva de la producción nuclear, tenemos, por tanto, que depurar el pasivo de nuestro pasado nuclear, encontrando la forma de tratar y neutralizar sus residuos, resolviendo los flujos de evacuación segura de todos ellos, hasta su depósito controlado, y asociándoles una trazabilidad exhaustiva durante miles de generaciones. La elección de uno o varios emplazamientos para estos residuos debe tomar en consideración, además, que a esos centros se enviarán no solamente los residuos necesitados actualmente tratamiento y evacuación, sino que el lugar será alimentado durante varias décadas por los productos de los desmantelamientos futuros, y deberá permanecer vigilado y bajo estricto control de seguridad en un inacotable futuro.
La hipótesis del almacenamiento en un país extranjero más tolerante, está prácticamente excluida, pues se añaden dificultades desde las dos perspectivas, tanto de generadores como receptores: rechazo social a ser basurero nuclear de otros, y desconfianza tecnológica hacia países en desarrollo quizá más permisivos pero menos cualificados para mantener el exigente control, entre otras cuestiones. La inicial disponibilidad de Rusia para aceptar residuos nucleares de otros países fue revisada a raíz de las protestas ciudadanas. No parece probable que la Unión Europea se ponga de acuerdo para mantener un único centro de almacenaje permanente para sus residuos radioactivos, como proponen algunas iniciativas privadas, por lo que las soluciones deberán adoptarse en cada país de forma independiente. La asociación Arius, con sede en Suiza, coordina el proyecto europeo de un almacenamiento multinacional de desechos altamente radioactivos, sin despertar entusiasmos. En nuestro entorno próximo, Francia mantiene la redacción del artículo 3 de la ley de diciembre de 1991 que estipula que « el almacenamiento de los residuos radioactivos importados, aunque su tratamiento haya sido realizado en territorio nacional, está prohibido por más tiempo que el necesario para ese tratamiento ».
Es decir, habrá que asumir el principio Yimby (yes, in my back yard) para las aprox. 2.200 toneladas de residuos radiactivos. De ellas, unas 160-200 t de combustible gastado se guardan provisionalmente en las propias instalaciones, y las otras 2.000 t, consideradas de materiales de baja y media actividad (con vida media radioactiva menor a 300 años) se depositan en El Cabril, en la Sierra Albarrana de Córdoba. Teniendo en cuenta que la decisión de gestión de los residuos radioactivos afectará a generaciones futuras muy alejadas en el tiempo, la actuación más diligente debería aplicar el principio de prudencia, y admitiendo de que no se dispone de una solución definitiva, para mantener la libertad de elección de nuestros descendientes habría que guardar estos residuos de forma que permitiera su relativamente fácil tratamiento posterior, manteniéndolos bajo control, pero dando por supuesto que la tecnología avanzará algún día. Tampoco se trata de una decisión que pueda ser tomada por grupos minoritarios, cualesquiera que sea su poder actual, puesto que no están en juego intereses particulares, sino generales, y las consecuencias no se verán a corto o medio plazo, sino a un largo plazo muy superior a lo que permitirían analizar las más agudas previsiones académicas. Habrá pues que obtener un consenso lo más amplio posible, tanto para la forma de tratamiento como para la ubicación del emplazamiento de acumulación de estos residuos, y dotar a ambas de la máxima reversibilidad posibles.
Acotación de los tipos más problemáticos de residuos radioactivos y de su tratamiento
Los residuos radioactivos se producen en todas las etapas del ciclo de la producción de energía con base nuclear, y considerando el reactor como elemento central del ciclo, se podría separar los que se producen „corriente arriba“ de los generados „corriente abajo“ del mismo. Esta segunda parte del ciclo es la que produce los residuos radioactivos de mayor concentración potencialmente peligrosa. La peligrosidad de los residuos nucleares desciende con el tiempo, y el avance de la tecnología ha servido para mejorar su tratamiento y disminuir, por tanto, de forma añadida, esa escala de peligrosidad, que aparece como un elemento doblemente dinámico.
Por ello, la legislación francesa, a diferencia de la norteamericana, propone la distinción entre los residuos radioactivos considerados definitivos y los residuos radioactivos transitorios. Los primeros, serían sustancias radioactivas para “los que ni se conoce ni cabe esperar que se conozca en el futuro ninguna utilización ni tratamiento posterior”; en tanto que los segundos serían “residuos radioactivos que no pueden ser tratados en la actualidad con las condiciones técnicas y económicas del momento, ni para extraer el combustible radioactivo que aún contienen, ni para reducir su peligrosidad o poder contaminante“ La clasificación generalmente utilizada descansa en el concepto de peligrosidad actual, por lo que se distingue entre residuos de bajo, medio o muy alto nivel radioactivo, y el tratamiento puede dar lugar al cambio de categoría.
Cada residuo debe recibir una gestión diferente en función de la intensidad de su nivel global de radiactividad y de la duración de la vida de los elementos radioactivos que contiene, las dos variables centrales que definen su potencialidad de causar daños. En España, la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, define de manera muy genérica, residuo radiactivo como “cualquier material o producto de desecho, para el cual no está previsto ningún uso, que contiene o está contaminado con radionucleidos en concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear”.
No existe una clasificación oficial de los diferentes tipos de residuos, y en algunos documentos, los residuos radioactivos se ordenan en solo dos grandes grupos: de baja y media actividad (aquellos que tienen baja actividad específica por elemento radiactivo, no generan calor, contienen radionucleidos emisores beta-gamma con un período de semidesintegración de menos de 30 años) y de alta actividad (aquellos que contienen radionucleidos emisores alfa, de vida larga, que reducen su actividad a la mitad en más de 30 años).
La Ley 6/2001, que modificó el Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de impacto ambiental y el RD Ley 9/2000, completan una, hasta el momento insuficiente, legislación sobre la definición de los residuos radioactivos y dan algunas indicaciones sobre su gestión. De todos los residuos radioactivos, la preocupación mayor se dirige al tratamiento y almacenaje de los residuos de alto nivel o vida larga, que en su mayor parte está formado por el combustible gastado, o el residuo principal de su reprocesamiento (que es la técnica adoptada en Europa, y que España ha confiado a Francia). Esta fracción supone solo el 3% del volumen de todos los residuos radioactivos, pero concentra el 95% de la radioactividad total y mantendrá su peligrosidad durante miles de años. Generan una considerable cantidad de calor y requieren enfriamiento, así como una protección especial, durante cualquier manipulación y transporte, además de garantizar sus condiciones de aislamiento para que no afecten al entorno.
El reprocesamiento del combustible gastado, fórmula de concentración de su peligrosidad que supone una tecnología específica y que solo se utiliza en Europa, implica que los residuos resultantes sean vitrificados con borosilicatos (Pyrex) y sellados en toneles de acero inoxidable. Con esta operación, el volumen de la fracción más peligrosa se ha reducido casi a la décima parte. Se obtienen unos 3 m3 de residuo vitrificado por cada 25-30 t de combustible usado al año por reactor base. Aunque la polémica está abierta, existe una perceptible tendencia de la opinión científica internacional –liderada por norteamericanos, franceses, canadienses y rusos- a proponer que estos residuos sean dispuestos en fosas profundas, confiando en que la barrera geológica retenga los elementos tóxicos durante millones de años sin intervención humana. La otra opción, depósito controlado en superficie, goza de menos aceptación.
En EEUU, el Presidente y el Congreso aprobaron en 2002 la construcción de un depósito profundo en Yucca Mountain, Nevraska, que se beneficiaría de las investigaciones realizadas en la Waste Isolation Pilot Plant (WIPP), ubicada en una formación salina en Nuevo México, que está funcionando desde 1999. La selección de Yucca Mountain se basó en tres criterios centrales, cuya mención puede ser útil para navegantes: alejamiento de zonas pobladas, aridez y estabilidad geológica. El documento de justificación del emplazamiento indica que se trata de uno de los pocos lugares geológicos en el mundo en donde los contenedores con material radioactivo podrán guardarse a casi 400 m de profundidad, en roca seca, a una distancia equivalente por encima de la capa de agua profunda, en una zona en donde la pluviosidad anual es inferior a 150 mm al año (la media en España en 2005 fue de 636 mm/año).
En Francia, la Comisión nacional de evaluación creada tempranamente por la Ley del 30 de diciembre de 1991 estableció que el almacenamiento definitivo reversible en una capa geológica profunda era la vía de referencia, y la sugerencia fue respaldada posteriormente por la OCDE. Hoy día la postura, sin ser revisionista, reconoce que harían falta estudios que actualicen los resultados de mantenimiento de la radioactividad y someter la localización potencial de un eventual centro de almacenaje no solamente a examen de las autoridades de seguridad nuclear, sino también al contraste del apoyo popular suficiente. Solo con estas premisas, la solución pasará del estado de solución de referencia a la de solución efectiva de gestión, y aún deberá ser autorizada por decreto del Consejo de Estado. Se concede mucha importancia a estudiar la estabilidad de la capa (más de 150 millones de años de antigüedad), la reversibilidad del almacenamiento y el mantener una vigilancia estricta del lugar durante todo el periodo de explotación.
La primera redacción del Plan de residuos radioactivos de alta duración se prevé para el 31 de diciembre de 2006. La decisión de enterramiento profundo lleva implícita la desconfianza en que las generaciones futuras encuentren solución definitiva al problema del tratamiento de estos residuos, y, en caso de hallarla, les haría muy costoso o imposible volver a extraer estos residuos. También se les dificultaría la posibilidad de reducir su peligrosidad, si se mejoraran los conocimientos científicos –lo que parece muy probable, y se desea- u ocurriera algún accidente –lo que, evidentemente, no se desea, pero no parece absolutamente descartable. Todos los lugares seleccionados por los expertos como aptos para el enterramiento profundo han sido, además, criticados por ciertos colectivos como insuficientes para garantizar su estabilidad durante millones de años. Ni siquiera el retratamiento nuclear (con capacidad total de 4800 t/año, el 50% concentrada en Francia), por el que se separan hoy los elementos potencialmente reutilizables, está exenta de la misma objeción de que este tratamiento intermedio cierra impide opciones a las generaciones futuras.
La gestión de residuos nucleares peligrosos en España en la actualidad
La situación en España pone de manifiesto la necesidad de dotar de excepcional prudencia a las actuaciones y la dificultad para consensuar medidas. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. ENRESA, creada mediante Real Decreto 1522/84, es la responsable de la gestión de todos los residuos radiactivos producidos en el país. Cumpliendo con el Real Decreto 1349/2003, ENRESA elabora anualmente una Memoria, conteniendo las actuaciones realizadas en cada ejercicio, y un Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que, una vez aprobado por el Gobierno, se somete a conocimiento de las Cortes Generales. España forma parte de la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Residuos Radiactivos.
Por su parte, y durante 2005, la compañía Enusa ha gestionado y suministrado a las centrales nucleares españolas 114 toneladas de uranio. El 31% procedió de Rusia, el 16% de Níger, el 13% de Australia, el 11% de Sudáfrica y el 14% de Namibia. La gestión de los residuos nucleares españoles tiene varias apelaciones de urgencia. Por una parte, las piscinas que albergan en las centrales nucleares españolas los residuos radiactivos que producen sus reactores están ya al 65% de su capacidad y, algunas, como la central de Trillo (Guadalajara) y la de Cofrentes (Valencia), alcanzan el 83%, según datos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En la central de Trillo (Guadalajara) fue necesario construir un almacén temporal individual (ATI) porque su piscina de refrigeración llegó a su tope de capacidad en el año 2002. La central de Zorita (Guadalajara), desconectada de la Red Eléctrica el 30 de abril, también dispondrá de su propio ATI.
Desde perspectivas económicas, técnicas y de seguridad física, la opción de un único almacén para todas las centrales en lugar de mantener uno en cada planta nuclear ofrece ventajas. Se ha calculado que un Almacén Temporal Central (ATC) será tres veces más barato que un ATI individual para cada reactor, al reducir los costes de expropiación de terrenos, la vigilancia y el control. Tendrá una Oficina Técnica y un Centro Tecnológico de Investigación. El CSN afirma que existe un 'consenso generalizado' acerca de la necesidad de solucionar el problema de los residuos radiactivos de alta actividad y que la construcción del ATC es la solución más conveniente.
La Mesa de Diálogo sobre la Evolución de la Energía Nuclear ha apuntado también que es preferible un único almacén, a la opción de varios lugares, dispersos por la geografía española, por razones de seguridad, económicas y tecnológicas. Según detalla el CSN en una reciente respuesta parlamentaria, los residuos de alta actividad, - los que tienen un periodo de semidesintegración superior a los 300 años y no pueden por ello ser almacenados en El Cabril (Córdoba)-, están fundamentalmente constituidos –además de los residuos gastados que se sigan produciendo en las centrales en funcionamiento- por los procedentes del reprocesado del combustible gastado de Vandellòs I, antes de 1989, (que, vitrificados en 84 contenedores con un volumen de 12-13 metros cúbicos, serán devueltos de Francia en 2010, junto a unos 650 m3 de baja y media actividad). En el acuerdo firmado con Cogema se fijaron penalizaciones de hasta 50.000 euros por día, a partir de esa fecha. También deberá acoger 600 kilogramos de plutonio y 100 toneladas de uranio, enviados al Reino Unido desde la central de Santa María de Garoña (Burgos), que volverán a España a partir de 2011. La fecha del 2010 aparece así como límite para tener debidamente acondicionado este emplazamiento.
Elección del emplazamiento del ATC
Una Comisión Interministerial, aprobada por el Congreso en abril de 2006, deberá decidir las condiciones técnicas y medioambientales del ATC. El almacén, estará diseñado con una vida operativa de cien años -ampliable a otros cien- y supondrá, en principio, una inversión de 500 millones de euros. El diseño genérico del futuro ATC parece ya resuelto. Según Enresa, se trataría de una instalación de superficie y no ocuparía más de 20 hectáreas. Su diseño se basa en el almacenamiento en bóvedas, una tecnología ya aplicada en Francia, Estados Unidos, Hungría, Gran Bretaña y Holanda, país donde ya funciona un almacén centralizado similar al que se propone.
El ATC español se dividirá en tres áreas. El área de almacenamiento estará formada por dos bóvedas de hormigón, de las que colgarán 240 tubos donde estará encapsulado el material radiactivo, que se irá enfriando por convección del aire. Este diseño genérico fue remitido al Consejo de Seguridad Nuclear, y tendrá carácter modular, pudiendo su capacidad ampliarse por fases sucesivas hasta un límite de 6.700 toneladas almacenadas. La Comisión Interministerial estará también encargada de diseñar un procedimiento público para invitar a los entes locales interesados a participar en la selección del emplazamiento del ATC. Porque, desde luego, no se trata de resolver un problema de obtener el coste de transporte mínimo, que llevaría a una ubicación teóricamente idónea en algún lugar de Guadalajara.
Para facilitar el proceso de postulación de los Ayuntamientos, se cuenta con ofrecer compensaciones generosas al que sea seleccionado: 12 Mill € anuales, que se ampliarán a 18 Mill € a partir de 2030, final de la vida útil de la mayor parte de las centrales actuales, y durante un periodo mínimo de 80 años. La elección del municipio de emplazamiento no debería circunscribirse únicamente a la postulación voluntaria. Por el contrario, las condiciones geológicas, sociales y económicas, así como la pluviometría o la sismicidad y el aislamiento relativo de poblaciones cercanas, son factores mucho más importantes. De la experiencia acumulada en otros países europeos, y de la propia española, debe tenerse por seguro que la elección del lugar provocará reacciones y protestas sociales, y el proceso de decisión estará sometido a gran tensión.
El rechazo a ser elegidos como lugar de ubicación deberá vencer las preocupaciones de los pobladores más cercanos –pero no solo de ellos- ante los residuos nucleares, la desconfianza en que las normas de seguridad sean suficientes y se cumplan con controles neutrales y muy rígidos. Deberá solucionarse el recelo a que no se produzca a medio o largo plazo la contaminación radioactiva del agua subterránea o superficial y de la biosfera. La región afectada sufrirá una pérdida de imagen, por el estigma de haberse convertido en un vertedero nuclear, con desvalorización de los precios inmobiliarios y de los terrenos, unida a la modificación de la identidad regional anterior que puedan provocar los equipamientos industriales y las instalaciones accesorias, y, no en última medida, el efecto del crecimiento del volumen del transporte por carretera o ferrocarril en torno al emplazamiento, y sus riesgos derivadas.
Todas estas objeciones y reservas son compartidas, por lo demás, también por los colectivos y personas individuales que apoyan el concepto del vertedero nuclear y su filosofía. Aunque se duda en preferir el transporte por carretera o el ferrocarril –con ciertas ventajas para este último, desde el punto de vista de gestión del transporte propiamente dicho-, para llevar los residuos a un único punto desde los siete emplazamientos del territorio donde están ahora en funcionamiento los nueve reactores nucleares del país, la decisión dependerá de la ubicación definitiva. En opinión del autor de este artículo, la cuestión de la seguridad ante un eventual sabotaje queda mejor garantizada por carretera, en convoyes debidamente custodiados, y cuya hoja de ruta sea mantenida convenientemente en secreto.
Si se adopta la decisión del desmantelamiento total, los residuos de menor radioactividad, procedentes del cierre definitivo de las centrales, supondrán otro problema logístico de gran envergadura. Para una parte de ese material, la solución intermedia de su reciclaje para conducirlo a umbrales de radioactividad que permita considerarlos como materiales no radioactivos, de acuerdo con la legislación de la UE, ha de ser complementada con la elección de un centro de almacenamiento con capacidad para acoger los volúmenes complementarios de los residuos que no cumplan con este requisito. Adicionalmente, una cuestión jurídica se perfila como elemento singular de la discusión, de forma similar a como ha sucedido en otros lugares, y apunta a resolver la interrogante de las razones por las que una región debe convertirse en depositaria de residuos radioactivos que no ha generado. La idoneidad de los emplazamientos desde el punto de vista de la disminución del riesgo colectivo, la participación del mayor número de agentes sociales y la transparencia del proceso y la justificación de las decisiones que se adopten, ayudará, de forma sustancial, a que la decisión sea aceptada como una propuesta colectiva.
Reflexión final
En el mejor espíritu del principio de San Floriano, esta decisión ha de ser considerada, sino como la que genera la mayor utilidad para todos, la menos gravosa de las decisiones posibles. La comunicación de la mejor información disponible en cada momento, desde la autoridad de quienes no tienen intereses particulares, sino una plena identificación con el problema y la búsqueda de las mejores soluciones, serviría para ahuyentar muchos recelos. No puede olvidarse que la inmensa mayoría (quizá más del 80%) de los ciudadanos no estarían, hoy por hoy, dispuestos a aceptar un emplazamiento de este tipo en su comarca. Salvo aquellos que piensen, resignadamente, que si ha de ocurrir un grave desastre nuclear, preferirían ser los primeros en ser afectados, para evitar sufrimientos posteriores.
Madrid, mayo de 2006
1) Los defensores de la energía nuclear indican que la probabilidad de accidente es menor de 1: 40.000 por año, y que el riesgo de emisión radioactiva es incluso menor a esta cifra, ya que el reactor está protegido para el caso de que un accidente dañe al núcleo. Las emisiones radioactivas a que se ven sometidas quienes trabajan en la operación normal de la planta serían menores a 1 milirem por año, radiación equivalente o menor a la que recibimos por observar la televisión en ese mismo período. Cualquier persona en su entorno habitual puede recibir 300 milirem por año (Datos del Nuclear Energy Institute). El riesgo de muerte para un residente cercano a una planta nuclear sería menor que 1 a 1.10 exp. 6, es decir, 25 veces menor que la probabilidad de ser alcanzado por un rayo y 12.000 veces menor que el riesgo de morir en un accidente de automóvil.
2) Las indemnizaciones a las eléctricas, que ya habían realizado importantes inversiones, supondrá el pago de unos 9.000 millones de euros (principal más intereses) como consecuencia de la Moratoria Nuclear. El RD 470/2006, de 21 de abril, ha modificado el porcentaje sobre la tarifa eléctrica correspondiente a esta moratoria que había sido establecido en la D.A. 8ª de la Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y adaptado en la D.A. 7ª de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, y su RD de desarrollo 2202/95. El incremento de la demanda y la reducción de los tipos de interés han acelerado la amortización de la compensación, permitiendo reajustar el pago de los derechos que había sido adquiridos por el Fondo de Titulización de Activos resultantes de la Moratoria nuclear, estableciéndolo en el 0,33 por ciento de la tarifa eléctrica. (desde 1,72%). Quedan por pagar unos 580 Mill. de euros (de principal). 3) El Foro Nuclear español ha estimado que el precio de generación de electricidad con energía nuclear es de 15 euros/MWh, incluida la gestión de los residuos, frente a los 62 euros/MWh de media del mercado liberalizado o «pool» en 2005. Estas estimaciones deberían ser contrastadas por otras entidades, ya que no parecen incluir de forma satisfactoria el coste del tratamiento de los residuos nucleares.
Figura 1. Centrales Nucleares en España
CENTRAL | EMPLAZAMIENTO | PROPIETARIOS | POTENCIA ELÉCTRICA (MW) | TIPO | AÑO ENTRADA EN SERVICIO |
| STA. MARÍA GAROÑA | Sta. Mª Garoña BURGOS | Nuclenor: Iberdrola Generación, S.A.(50%) y Endesa Generación, S.A. (50%) | 466.48 | B.W.R. | 1971 |
| ALMARAZ I | Almaraz CÁCERES | Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A. (36,0%) Unión Fenosa Generación (11,3%) | 981.56 | P.W.R. | 1981 |
| ALMARAZ II | Alamaraz CÁCERES | Iberdrola Generación, S.A. ( 52,7%), Endesa Generación, S.A.(36%) Unión Fenosa Generación (11,3%) | 987.92 | P.W.R. | 1983 |
| ASCÓ I | Ascó TARRAGONA | Endesa Generación, S.A.(100%) | 1032.50 | P.W.R. | 1983 |
| ASCÓ II | Ascó TARRAGONA | Endesa Generación, S.A.(85%), Iberdrola Generación, S.A. (15%) | 1027.21 | P.W.R. | 1985 |
| COFRENTES | Cofrentes VALENCIA | Iberdrola Generación, S.A. | 1092.02 | P.W.R. | 1984 |
| VANDELLÓS II | Vandellós i L’Hospitalet del Infant TARRAGONA | Endesa Generación, S.A.(72%), Iberdrola Generación, S.A. (28%) | 1087.14 | P.W.R. | 1987 |
| TRILLO | Trillo GUADALAJARA | Iberdrola Generación, S.A. (48%), UFenosa G. (34,5%) Hidroeléctrica Cantábrico (15,5%), Nuclenor (2%). | 1067.49 | P.W.R. | 1988 |
| Total | 7742.32 |
3 comentarios
Administrador del blog -
La venta habrá de ser negociada con el Gobierno de Blair y con la Nuclear Decommissioning Authority.
Fluor, junto con Bechtel, viene proponiendo la compra total de BNG, sin asumir la propuesta del gobierno británico que se limitaba a ofrecer la consultora especialista en residuos nucleares Project Services, y la participación minoritaria de BNG (33%) en AWE Management.
Aunque la oferta tiene pocas posibilidades de prosperar, la iniciativa de Fluor es interesante como demostrativa de la posibilidad de que los tratamientos especializados de los residuos nucleares tengan un carácter multinacional.
Administrador del log -
Yo sigo sin saber muy bien lo que puede escribirse en los diversos "espacios".Lo que es correcto, lo que es comprometido, lo que es honrado y lo que es...imposible. Lo que no debe ser. Voy a poner un ejemplo y va una reflexión inter-nos .
Es obvio que el desarrollo que no sea sostenible no es desarrollo. es obvio que el desarrollo tiene tres patas. Si la pata ambiental es buena, ¿interesan poco las demás? o, ¿la pata económica justifica todo? y la social (pobrecita)?. Es obvio que no. Entonces, qué?
Pues que existen instrumentos de gestión, que tratan de armonizar todo
Pr ejemplo la ordenación del territorio dice dónde deben ir las cosas (lo que cabe y lo que no cabe)
Los estudios de impacto ambiental analizan los posibles impactos que va a producir un proyecto antes de que se ejecute, para ello se encarga un estudio a especialistas y se hacen consultas a personas e instituciones implicadas. con ello un organo de l administración dice "si" , "no" o "si con condiciones".
Pues si esto es así,¿ por qué se dice que "si" a todos los proyectos de parques eólicos? (o a casi todísimos, yo no conozco ningún "no")
Es evidente que son necesarios, que hay empazamientos adecuados, para el proyecto y para el medio. Pero es posible que haya lugares o proyectos inadecuados ( por el emplazamiento, afección directa a personas, envergadura del proyecto....)
Si esto parece evidente, y lo es, tras estudios de detalle.¿ quién los autoriza?. Quiero decir: ¿por qué la administración los autoriza?. ¿Por el sólo hecho de producir energía renovable? (con qué eficiencia...). ¿Por inaugurar el mayor gigante eólico de europa? (no creo esa fanfarronería). ¿Por los beneficios económicos a los paisanos? (qué poquitos y, a estas alturas, qué inútiles. se asegura que hace falta un operario cada 7 aerogeneradores y se añade que los 104 crean 5 empleos ). ¿Por alterar el sosiego público, la salud, el recurso paisaje, ....?. No y mil veces no
Tampoco parece posible que se busquen otros intereses. aunque el empresario de un parque eólico, en la inauguración de uno de ellos, dijera: bajo la atenta mirada de los habitantes de la comarca, aprovechó para pedir al gobierno que en el próximo plan nacional de asignaciones de derechos de emisión se tenga en cuenta la capacidad de las empresas eléctricas de producir energías limpias ".Es decir que, en atención a kioto, ¿la compraventa de derechos de emisión puede perfilarse como el próximo negocio del grupo?.
Pregunto: ¿ Pueden las empresas eléctricas , u otras, presionar en favor de estos parques en cualquier sitio- de cualquier forma?. Pues claro que no.
Entonces: ¿ qué pintan 104 aerogeneradores ( unos giran y otros no) sobre un pequeño pueblo, a la entrada de un parque, al borde de carretera, sin que los sufrientes hayan conocido claramente los pro y los contra?. ¿Será que se hace poco y mal la participación pública?
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http://europa.eu.int/eur-lex/es/lif/reg/es_register_15102010.html