Al pairo: El agua como negocio o como derecho
A medida que avance el siglo XXI, si los vaticinios de los expertos en geoestrategia global son correctos, los impulsos bélicos del ser humano se centrarán sobre el agua, y sobre su hermana adoptiva, la energía. Las cifras que avalan este panorama apenas si necesitarían ser evocadas. Más de 1.100 Millones de personas (el 22% de los habitantes de la Tierra) carece actualmente de agua potable, y más de 1.700 Millones (34%) no tiene servicios de saneamiento, esto es, de recolección de aguas residuales. Ni siquiera se habla de la estimación del porcentaje de población mundial que no trata esas aguas, y las entrega sin depurar a los cauces naturalees.
Tanto Naciones Unidas como el Banco Mundial han identificado casi 300 zonas potencialmente conflictivas por escasez del recurso agua, en donde habitan 3.000 millones de habitantes. Frente a este panorama de escasez, los países desarrollados presentan consumos por habitante y día entre 150 l y 400 l. La realización de fuertes inversiones en infraestructura, la reducción de fugas en las redes de distribución, la reutilización, la incorporación de nuevas tecnologías como la desalación, entre otras cuestiones, permite analizar de diferente manera la situación en esos países.
Aunque el desequilibrio en la distribución de las poblaciones, que ha sufrido una tendencia incontrolada a concentrarse en algunas ciudades, está provocando problemas puntuales, para los países ricos la cuestión está más relacionada –al menos por ahora- con la realización de nuevas infraestructuras, el control de despilfarro y la fijación de un precio al ciclo del agua, sabiendo que prácticamente el 100% de la población lo pagará sin mayores protestas. Para los representantes de países más pobres, el agua es un derecho, y por tanto su precio tiene que estar completamente regulado, y preferiblemente, ser nulo. Muchas opiniones discrepan de que su precio sea igual para todos, exigiendo que el que más tenga, pague más por el mismo recurso. Sin embargo, el esquema teórico no está exento de importantes dilemas.
Por ejemplo, el Banco Mundial ha introducido elementos nuevos, que matizan su apoyo tradicional a la gestión privada como sistemáticamente más eficiente. Se argumenta ahora que la gestión pública de los servicios esenciales, con apoyos puntuales de empresas especialiadas, no tiene porqué ser a priori menos eficiente, y tiene ventajas en cuanto a la consecución de credibilidad frente a la población afectada, la trasparencia y el control públicos. Este mismo organismo también ha corregido su posición en relación con la concesión de subsidios sistemáticos a los estratos de población más pobres, ya que estas medidas favorecen el despilfarro de los más favorecidos, en tanto que las clases verdaderamente humildes no resultan afectadas, porque su suministro de agua no suele depender de la red pública, pues no están conectadas a ella. Otras cuestiones relacionadas con la gestión óptima del recurso agua, son la dificultad de instalar contadores para medir los consumos en redes obsoletas e intrincadas, la motivación de la población para que realice el pago previsto por la gestión del agua y la falta de una reglamentación o un esquema jurídico sólido que sitúe las responsabilidades administrativas adecuadamente.
La Unesco, en su segundo Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo ha denunciado que «la crisis mundial de los recursos hídricos es en gran medida una crisis de los sistemas de administración y de Gobierno>, enumerando entre los problemas a resolver la corrupción y la lentitud de las reformas, que restringen el acceso al disfrute de los derechos básicos. El coste del agua ha estado siempre muy alejado de su precio, arbitrariamente fijado tradicionalmente por las autoridades locales o las administraciones públicas con competencias sobre el agua.
En algunos sitios el precio se estimaba que era nulo, , propiciando así los mayores despilfarros. En otro, el precio se fijó arbitrariamente, permitiendo subvencionar actividades que nada tenían que ver con el agua. Finalmente, cuando las empresas se especializaron en la gestión, eliminándose así algunos de los lastres clásicos de la gestión publica (exceso de personal, despilfarro de recursos, faltas de motivación, carácter errático de algunas decisiones motivadas por los cambios políticos) aparecieron otros problemas: oscuridad de la gestión privada, impersonalización y desvinculación local, desconfianza hacia la obtención de beneficios con la gestión de un servicio esencial, pérdida de control político de las decisiones, entre otros.
Pero aunque los precios del agua están sometidos a control administrativo y son fijados por decisión política con notables rigideces en la mayoría de los países, las empresas especializadas se han acercado al negocio del agua con indudable pasión. Esa pasión cotiza en las Bolsas de negocios. Las razones son varias. Por una parte, las inversiones en infraestructura pueden ser cuantiosas, y las empresas han descubierto la fórmula para combinar sus capacidades como constructoras y gestores con la facilidad para obtener financiación. Las estimaciones respecto a las necesidades de inversión para la mejora de las infraestructuras de aducción y la depuración de las aguas residuales, pueden llevar las inversiones a escala mundial a cifras muy superiores a los 3 billones de euros en diez años. En los llamados Brics (Brasil, Rusia, India y China) en donde se concentrará el 60% del PIB mundial en 2050, existen en marcha proyectos hídricos que cabe calificar de gigantescos, relacionados con el abastecimiento, la producción de electricidad y la mejora de la agricultura, previéndose una modificación drástica de la distribución de la población por ese motivo.
Habrá que decir, cuanto menos, que en los próximos años, el agua se gestionará de otra forma. La filosofía de las empresas de servicios, que ha permitido acumular importantes beneficios en la mejora de la gestión de los servicios públicos, tendrá que revisarse, porque, sin duda, estarán en el centro de las eventuales guerras por el agua. Hoy por hoy, un escenario de pujanza económica en el que las dos mayores empresas de aguas son Veolia (antes Vivendi) y Suez, que dan servicio a más de 200 millones de personas, y en el que se van reagrupando, por vocación, por avidez o por necesidad, compañías eléctricas, de construcción y de servicios.
Tanto Naciones Unidas como el Banco Mundial han identificado casi 300 zonas potencialmente conflictivas por escasez del recurso agua, en donde habitan 3.000 millones de habitantes. Frente a este panorama de escasez, los países desarrollados presentan consumos por habitante y día entre 150 l y 400 l. La realización de fuertes inversiones en infraestructura, la reducción de fugas en las redes de distribución, la reutilización, la incorporación de nuevas tecnologías como la desalación, entre otras cuestiones, permite analizar de diferente manera la situación en esos países.
Aunque el desequilibrio en la distribución de las poblaciones, que ha sufrido una tendencia incontrolada a concentrarse en algunas ciudades, está provocando problemas puntuales, para los países ricos la cuestión está más relacionada –al menos por ahora- con la realización de nuevas infraestructuras, el control de despilfarro y la fijación de un precio al ciclo del agua, sabiendo que prácticamente el 100% de la población lo pagará sin mayores protestas. Para los representantes de países más pobres, el agua es un derecho, y por tanto su precio tiene que estar completamente regulado, y preferiblemente, ser nulo. Muchas opiniones discrepan de que su precio sea igual para todos, exigiendo que el que más tenga, pague más por el mismo recurso. Sin embargo, el esquema teórico no está exento de importantes dilemas.
Por ejemplo, el Banco Mundial ha introducido elementos nuevos, que matizan su apoyo tradicional a la gestión privada como sistemáticamente más eficiente. Se argumenta ahora que la gestión pública de los servicios esenciales, con apoyos puntuales de empresas especialiadas, no tiene porqué ser a priori menos eficiente, y tiene ventajas en cuanto a la consecución de credibilidad frente a la población afectada, la trasparencia y el control públicos. Este mismo organismo también ha corregido su posición en relación con la concesión de subsidios sistemáticos a los estratos de población más pobres, ya que estas medidas favorecen el despilfarro de los más favorecidos, en tanto que las clases verdaderamente humildes no resultan afectadas, porque su suministro de agua no suele depender de la red pública, pues no están conectadas a ella. Otras cuestiones relacionadas con la gestión óptima del recurso agua, son la dificultad de instalar contadores para medir los consumos en redes obsoletas e intrincadas, la motivación de la población para que realice el pago previsto por la gestión del agua y la falta de una reglamentación o un esquema jurídico sólido que sitúe las responsabilidades administrativas adecuadamente.
La Unesco, en su segundo Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo ha denunciado que «la crisis mundial de los recursos hídricos es en gran medida una crisis de los sistemas de administración y de Gobierno>, enumerando entre los problemas a resolver la corrupción y la lentitud de las reformas, que restringen el acceso al disfrute de los derechos básicos. El coste del agua ha estado siempre muy alejado de su precio, arbitrariamente fijado tradicionalmente por las autoridades locales o las administraciones públicas con competencias sobre el agua.
En algunos sitios el precio se estimaba que era nulo, , propiciando así los mayores despilfarros. En otro, el precio se fijó arbitrariamente, permitiendo subvencionar actividades que nada tenían que ver con el agua. Finalmente, cuando las empresas se especializaron en la gestión, eliminándose así algunos de los lastres clásicos de la gestión publica (exceso de personal, despilfarro de recursos, faltas de motivación, carácter errático de algunas decisiones motivadas por los cambios políticos) aparecieron otros problemas: oscuridad de la gestión privada, impersonalización y desvinculación local, desconfianza hacia la obtención de beneficios con la gestión de un servicio esencial, pérdida de control político de las decisiones, entre otros.
Pero aunque los precios del agua están sometidos a control administrativo y son fijados por decisión política con notables rigideces en la mayoría de los países, las empresas especializadas se han acercado al negocio del agua con indudable pasión. Esa pasión cotiza en las Bolsas de negocios. Las razones son varias. Por una parte, las inversiones en infraestructura pueden ser cuantiosas, y las empresas han descubierto la fórmula para combinar sus capacidades como constructoras y gestores con la facilidad para obtener financiación. Las estimaciones respecto a las necesidades de inversión para la mejora de las infraestructuras de aducción y la depuración de las aguas residuales, pueden llevar las inversiones a escala mundial a cifras muy superiores a los 3 billones de euros en diez años. En los llamados Brics (Brasil, Rusia, India y China) en donde se concentrará el 60% del PIB mundial en 2050, existen en marcha proyectos hídricos que cabe calificar de gigantescos, relacionados con el abastecimiento, la producción de electricidad y la mejora de la agricultura, previéndose una modificación drástica de la distribución de la población por ese motivo.
Habrá que decir, cuanto menos, que en los próximos años, el agua se gestionará de otra forma. La filosofía de las empresas de servicios, que ha permitido acumular importantes beneficios en la mejora de la gestión de los servicios públicos, tendrá que revisarse, porque, sin duda, estarán en el centro de las eventuales guerras por el agua. Hoy por hoy, un escenario de pujanza económica en el que las dos mayores empresas de aguas son Veolia (antes Vivendi) y Suez, que dan servicio a más de 200 millones de personas, y en el que se van reagrupando, por vocación, por avidez o por necesidad, compañías eléctricas, de construcción y de servicios.
2 comentarios
Administrador del log -
Quisiera ahora simplemente comentar, amigo Luis, que hace falta un nuevo modelo de gestión del ciclo del agua, para conseguir que la participación de los grupos empresariales privados (especialmente, las multinacionales) esté sometida a una regulación donde ambas partes puedan sentirse cómodas, y máxime si la cooperación se prevé a largo plazo: la comunidad que ha cedido la gestión del bien público -nunca el control- a la detentadora de la MTD (mejor tecnología disponible, concepto que obliga a un continuo esfuerzo de actualización por parte de la empresa privada), y quien aporta sus conocimientos y capacidad a cambio de una remuneración pactada.
Este acuerdo tiene que someterse a unas reglas muy estrictas, en las que la idea de la obtención del máximo beneficio no tiene, en mi opinión, cabida.
No es la economía, no es la política. It concerns our real life subsistence premises, clever guy.
Luis -
En efecto, esta especial característica conlleva indefectiblemente a la necesidad de establecer mecanismos de control por parte de las administraciones. Mecanismos solidarios y reguladores que superen los límites geográficos de autonomías y naciones por el simple hecho de que las fuentes de suministro comparten unidades administrativas de distinto orden me parece una barbaridad aquello de los blindajes de las cuencas ...-. Una administración, en este sentido, capaz de reunir en su seno los expertos, las tecnologías, la capacidad inversora y los métodos de gestión, así como las funciones de control y regulación, sería la gran panacea. Pero, volvamos a la realidad, y una vez aceptada la utopía de este modelo, seamos conscientes de que nadie, en su sano juicio, promoverá medidas que conduzcan al desaliento de la iniciativa privada y por consiguiente, a la obtención de su beneficio empresarial. El papel de ésta se hace primordial desde el mismo momento en que esa iniciativa va a encargarse de buscar tecnologías que transformen lo que no es rentable en rentable, o dicho de una manera más elegante, las aguas otrora inútiles o inutilizables en aguas válidas para el consumo humano o para los procesos industriales; es la iniciativa privada la que va a considerar si sus inversiones en infraestructuras hidráulicas son más rentables que otras en carreteras, o dicho de una forma políticamente más correcta, si el llevar el agua a zonas de carencia es más viable que optimizar las estructuras en zonas con seguridad jurídica y es la iniciativa privada la que puede aplicar sus métodos de gestión contrastados y contrastables para evitar el mal uso y el despilfarro.
Evidentemente, el problema está a la vuelta de la esquina. Y no se resuelve, como resolvemos tantas cosas, con improvisación. Planifiquemos. Es la génesis para evitar el Apocalipsis...