Al socaire: Altura de las viviendas, urbanismo y política

La novísima ministra de Vivienda, Carme Chacón, a la que la oposición ha calificado de Ministra florero, porque no tiene competencias, se ha estrenado en la palestra mediática con una dura crítica a la exótica (extravagante, ha dicho ella) decisión del gobierno de Esperanza Aguirre de obligar a que las nuevas viviendas que se realicen en la Comunidad de Madrid tengan, como máximo, cuatro alturas y ático.

Es, desgraciadamente, cierto, que en el inclemente despojo de competencias desde la Administración central a las organizaciones regionales, el Estado central tiene poco que decir en el campo de la Vivienda. Las críticas de la recién llegada "ministrina" a las disposiciones autonómicas del Gobierno de Madrid (sección autonomía regional) se enmarcan, por tanto, dentro de los fragores de la contienda política, pero no pueden entenderse como surgidas de la aplicación del principio de autoridad, y ni siquiera de la invocación del bienestar general o de las reglas previstas para solucionar un conflicto de competencias.

Lo nuclear del tema es, en mi modesta opinión, otra cosa, y no es asunto para hoy. La responsabilidad en la ordenación del territorio, que han asumido por imperativo legal, las administraciones regionales, se ha venido concretando en el terreno de la praxis, con la aplicación preferente de dos criterios peligrosísimos, que no están en ningún catón de las buenas conductas políticas. A saber, a) la ignorancia, la tolerancia e incluso el menosprecio a los planes urbanísticos de las administraciones locales (práctica del avestruz), y b) la extrema y exótica rigidez de algunas medidas puntuales (práctica del hámster), por las que se obliga a paralizar proyectos en pretendidas aras de la protección ambiental o de la conservación de patrimonios presuntamente valiosísimos, todo ello en beneficio de no se sabe muy bien de qué o de quienes, aunque alguna sospecha se va clarificando.

La falta de normas urbanísticas generales y, por ello, la ausencia del necesario control desde el origen, ha traído monstruos, ahora muy difíciles de destruir, hacia el sector. A muchos nos parecería excelente que para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se construyeran viviendas de pocas alturas, con terrazas orientadas al sur en la zona norteña y hermosos recovecos umbríos, con tililantes fuentes, si la edificación se lleva a cabo en el sur hispano. Preferiríamos, además, que las casas tuvieran todas ático soleado y, ya puestos, vistas al mar o a la montaña.

La realidad urbana que hemos (han) construído en los últimos cincuenta años (por poner una limitación temporal) es muy otra, y se han primado los intereses más egoístas y utilitarios. Se ha desquiciado y agotado el disfrute pacífico de la costa, incluso las muy queridas por mí -y por otros, desde luego- de Llanes y Salas (Asturias) y de San Antonio y San José (Ibiza), plantando primeras líneas cada vez más próximas al mar, a despecho de toda previsión legislativa, control social, inspección policial y lógica urbanística. Hemos (han) dejado caer o demolido con la piqueta del oportunismo, hermosos palacetes, edificios singulares y casas de solera y, por el contrario, hemos  (han) protegido estúpidamente, fachadas sin el menor interés arquitectónico, paralizando sine die edificaciones y equipamientos necesarios. Hemos (han) rebuscado en las ruinas subterráneas descubiertas justamente porque hace menos de cien años no tuvimos (tuvieron) empacho en destruir joyas arquitectónicas, no se qué vestigios de valor histórico muy cuestionable...

Por favor, políticos. Ábrase completo el botellón del debate del urbanismo, no solamente el frasquito de las viviendas deseables. Concentráos, si así os parece percibir que lo que demanda el pueblo sensato -como creemos algunos-, en mejorar la forma de vivir la ciudad, y no os lancéis dardos envenenados sobre la conveniencia de las casas de cuatro pisos o los chalets con piscina, por alto que estiméis el nivel de vida de vuestros súbditos. Por cierto, habría que explicar los matices de vuestras preocupaciones cuando estos debates se realizan en el mismo territorio en que se han autorizado rascacielos de cuarenta pisos con aire de espútnik barato.

Hagamos la vida de las ciudades más agradable, reorganizando y acomodando el transporte, peatonalizando, dotando de verdaderas zonas verdes cada barrio, dinamizando la vida urbana de proximidad con comercios, lugares de diversión y recreo, comunicaciones digitales, ofertas para el trabajo doméstico intelectual.

Y, claro está, abaratemos la vivienda, para lo que habrán de deslocalizarse las ciudades y crearse infraestructuras urbanas con visión de futuro.

¿Qué significa ésto?. Que hay que incentivar que las aglomeraciones grandes se adelgacen, recuperando espacios públicos, y apoyar el crecimiento de las ciudades intermedias y períféricas. Unido todo ello, por supuesto, a la protección del habitante del territorio, que es aquel que lo habita (perdón por la redundancia terminológica), o sea, que es quien trabaja y vive en él, no quien utiliza el espacio para fagocitárselo en sus días de asueto y dejarnos a los autóctonos las inmundicias de su ocasional disfrute.