Cerrar o no cerrar las minas de carbón, esa es la cuestión

El Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste de España presentó el pasado 27 de septiembre de 2011 los argumentos del recién jubilado funcionario europeo Vicente Luque en contra del cierre de las minas de carbón españolas, bajo la forma de una "Solicitud al Gobierno de España". Lo hizo en una rueda de prensa en la que intervinieron el decano del Colegio, Juan José Fernández y el autor de la nota.

Vicente Luque es uno de esos ingenieros de alta capacidad que nuestro país no ha sabido aprovechar. Una de las mentes más brillantes que pasaron por la Escuela de Minas de Oviedo, realizó una magnífica labor técnica en Hunosa y dió un salto a Bruselas como funcionario de la Dirección de Transporte y Energía (DGTREN), en la que fue Jefe adjunto de la Unidad carbón-petróleo y, últimamente, Jefe adjunto de la Unidad Política de las Redes Transeuropeas.

El Colegio de Minas insta a la rebeldía institucional, amparándose en la interpretación del art. 194 del Funcionamiento de la Unión Europea deja libertad a los Estados miembros para decidir la estructura general de su funcionamiento energético. En este sentido, la exigencia de la Comunidad Europea de que el Ejecutivo español presente un calendario de cierre de las minas de carbón (por la necesidad de que subsistan solo con subvenciones), no se corresponde con una soberanía cedida a ningún organismo comunitario, y abocaría, en cambio a la supresión de esta fuente autónoma.

La tesis expuesta se refuerza con la argumentación jurídica de que la decisión comunitaria apela a las reglas de competencia, suponiendo una extralimitación del Reglamento del Consejo, e infringiendo los Tratados que dieron origen a la Comunidad Europea y por el que se autorizaron ayudas al mantenimiento del carbón europeo, "por su contribución al aprovisionamiento energético".

No resultarían de aplicación las normas que rigen las actuaciones de los Tribunales de competencia, porque los intercambios comunitarios de carbón que afectan a España no suponen más del 0,1% del total de las transacciones que en este rubro se llevan a cabo en el seno de la Unión Europea.

La obligación que la Comunidad intenta imponer a España, supone la ignorancia, además, de la posibilidad de mantener hasta en un 15% las fuentes energéticas autónomas, sucediendo que el carbón de origen nacional no alcanza este porcentaje.

Una interesante visión, surgida desde el conocimiento de los entresijos comunitarios, que constituye una aportación técnico-jurídica de un profesional recuperado para el conocimiento autóctono.

Enhorabuena al Colegio del Noroeste, a su decano y al amigo Vicente Luque.

Necesitamos que las actuaciones de nuestros políticos se revistan de contundencia ante los intereses comerciales de otros países de la Unión, evitando la adopción de medidas precipitadas, que solo servirían para crear más malestar social, privarnos de autonomía en un sector estratégico, y lanzarnos aún con mayor estrépito en el campo, no exento de minas de acción retardada, como lo ha probado la historia reciente, de las llamadas "energías alternativas".