Jugando en corto: ¿Gestión pública o privada? ¿Dónde?

La crisis económica que estamos padeciendo, de límites aún imprecisos -pero, desde luego, muy grave- ha puesto nuevamente sobre el tapete la cuestión de si la gestión privada es mejor que la pública o viceversa. En relación con este tema, se replantea igualmente la eficiencia del mercado para la asignación de recursos.

Claro que la respuesta no es única, pero la experiencia anima a proponer la adopción de unos cuantos postulados generales:

1. La Administración pública, es decir, la ciudadanía a través de quienes ha designado como garantes de sus derechos, no debería jamás renunciar al control final ni a la supervisión indirecta.

Independientemente de que la forma de gestión elegida para un sector o una actividad sea pública o privada, la supervisión última que confirme que la tarea se realiza de acuerdo con las leyes y los objetivos marcados, habrá de ser pública, -en el sentido de independiente- y, por lo tanto, los depositarios de esa función de control, removibles y sujetos a mandato finito. De cualquier otra forma, se acabarán convirtiendo en un poder independiente: los poderes corrompen y el poder absoluto corrompe absolutamente.

2. Los funcionarios públicos no deben perpetuarse en el ejercicio de sus funciones de administración y control.

¿Cómo evitarlo?: la mejor manera, sería sometiéndolos a contrato laboral similar a los demás trabajadores. Pero, al menos, la movilidad, la evaluación y la formación continua, han de ser servidumbres ligadas al puesto. Aunque se han defendido las ventajas de la categoría laboral de funcionario como garantía de su independencia, si no existen otros controles, la afirmación es una ingenuidad. La falta de competitividad y la dejación del control sobre la eficacia de la tarea encomendada, hace que se degenere en el ejercicio de las funciones, cayendo en la rutina y en el deterioro, cuando no en la corrupción. Esto vale tanto para los que desempeñan actividades de control de otros, como para quienes desempeñan un servicio público o su trabajo se realiza en una empresa cuyos gestores y responsables máximos son designados por sus filiaciones o simpatías políticas.

3. El mercado es eficiente para la distribución de recursos únicamente cuando la oferta y la demanda gozan de similar libertad para establecer sus intereses.

En otro caso, vencerá, sesgando la eficacia, quien controle más grados de libertad o tenga más poder para definirlos. Una asociación de consumidores puede distorsionar, desde luego, el mercado, reduciendo márgenes a los oferentes y arruinándolos; pero lo más frecuente es que los más poderosos de la oferta se agrupen, de forma generalmente subterránea, para concertar prácticas abusivas. Solo una administración pública vigilante, y con información directa, puede vencer tales vicios de comportamiento, y para ello, hay que crear mecanismos independientes, estructuras de control flexibles y leyes y reglamentos con sanciones disuasorias para los que infrinjan la normativa.