A barlovento: La inversión en infraestructuras en época de crisis

Como saben los seguidores de este blog, no suelo hacer conexiones con el que alimento como "segunda marca" -en esa necesidad, no siempre fácil de mantener, de separar los comentarios más formales o personales de los que pueden tener aplicación general-, pero, en esta ocasión, el tema me parece de máxima actualidad e importancia, para hacer aquí una reseña más detallada de lo comentado ya en Al socaire.

Trato, pues, aquí también, de la reunión que se mantuvo el pasado 29 de enero de 2009 en el Salón de Actos del Instituto de la Ingeniería  de España, que preside, desde hace poco, y con inconfundibles nuevos y salutíferos aires, Manuel Acero. Las conferencias se dedicaron a "La inversión en infraestructuras ante la crisis", y fue organizada por un colega, ingeniero de Caminos, amigo desde hace muchos años, asturiano, empresario de probada capacidad, José Angel Blanco.

Ya Acero, en su intervención de presentación, anunció, recordando la intervención magistral de Villar Mir en la Real Academia de Ingeniería, que "no debiéramos perder el camino de Europa" y que no veía que "nos hubiéramos lucido en las reacciones ante la crisis".

El economista Gregorio Garrido se refirió a que el presupuesto de Infraestructuras (capítulo 6, inversiones reales) implica un ajuste del 10%, en línea de austeridad. En este sector, la tradición admite que por cada millón de euros de producción directa, se generan unos 300.000 euros de inversión inducida en proveedores, y que por cada dos empleos directos en construcción, se arrastra otro indirecto.

La cuestión es, para Garrido, que el análisis no debe hacerse desde la demanda, sino desde la oferta, distinguiendo entre las inversiones realmente necesarias, y separando las de carácter económico (por ejemplo, las que solucionan cuellos de botella en las infraestructuras o las que suponen colmatación de las redes existentes) de las de carácter social (como serían la construcción de colegios, polideportivos, mejora de accesos, etc). Los efectos de las primeras permanecen, las segundas, tienen un carácter más coyuntural.

Igualmente, cabe plantearse si las inversiones públicas o privadas son complementarias o sustitutivas y el carácter de retroalimentación que impliquen. Si no se tiene en cuenta esta realidad, realizándose desde la inversión pública proyectos innecesarios, se producirían efectos negativos sobre el sistema.

Respecto al tema concesional -"tan de moda", precisó Garrido-, ha de precisarse que aumentan la prima de riesgo de los proyectos privados. A la postre, el crecimiento económico depende tanto de las capacidades públicas como privadas, lo que obliga a no perder de vista las interacciones entre ambos.

Observando la situación desde la demanda, por cada punto de pib se pierden 200.000 empleos. De aquí la duda que planteaba el conferenciante: ¿La actual coyuntura es un momento adecuado para la inversión en infraestructuras?. Técnicamente, se puede demostrar -dijo- que "es mejor no invertir, porque la crisis reduce por sí misma la congestión de infraestructuras, al disminuir sus usos"; y, como la disponibilidad de recursos se reduce -la economía trabaja siempre con recursos escasos-, hay que extremar la precaución respecto al futuro de las infraestructuras que se proyecten.

No parece prudente, sin embargo, que se reduzca la inversión en las infraestructuras cofinanciadas por los fondos europeos (que, sin embargo, se ha disminuído en un 40 a 50%). La crisis será, probablemente intensa, y, cuando más dure, más tiempo costará salir de ella. Cabría, por ello, aumentar el capítulo de lo cofinanciado, que resulta menos gravoso a los presupuestos propios y resulta ser una medida procíclica. También debe argumentarse que es mejor pagar por trabajar que no aumentar el número de desempleados recibiendo prestaciones del erario público.

Los momentos de crisis son los mejores para invertir, porque se disfruta de menores precios, al abaratarse los costes, obteniéndose mejores ratios de efectividad para la obra pública). Las decisiones públicas de inversión han de estar enfocadas a la contribución que posibiliten para mejorar la productividad -uno de los hándicaps de nuestra economía- y a la reducción de costes en el sector privado, concentrando las actuaciones en las que sean estrictamente necesarias, y destinadas a cubrir cuellos de botella, dando prioridad a los análisis coste/beneficio.

Respecto al Plan de Infraestructuras a los Ayuntamientos, es una medida atractiva como método para ayudar a superar la crisis, pero, dado el escaso tiempo para elegir los proyectos, desde la óptica de los costes, plantea serias dudas. Las empresas se verán obligadas a contratar personal que esté en el paro, para llevarlos a cabo, con lo que -posiblemente- no puedan solucionar con ellos sus problemas económicos. Además, esos proyectos presentados con urgencia, corresponden, en general, a aspiraciones municipales con visión cortoplacista, lejos de la satisfacción de necesidades estructurales.

En su conjunto, la inversión de un 4 a 4,5% del PIB en infraestructuras, corre el riesgo de ser "flor de un día", como todas las políticas del tipo "stop and go".

En resumen, pues, debería perseguirse el equilibrio entre gasto corriente e inversión, entre la movilización de los capitales públicos o privados (evitando el efecto exclusión, o cleaning out, tan pernicioso, pues lo que gasta un agente se lo resta a otro. Las inversiones públicas, al tener carácter plurianual, no se deberían acelerar en época de crisis, pero tampoco pueden reducirse, pues garantizan el futuro.